Mal servicio policial

La solicitud de la Policía a la Fiscalía para que investigue a una empresa mediática por “apología del delito” y por cuestionar la autoridad de ambas instituciones dice más de lo que parece; pone de manifiesto la impotencia de las instancias encargadas de perseguir e investigar el delito, rebasadas por una realidad criminal de gran envergadura. A los jefes policiales parece haberles molestado sobremanera que se pusiera en evidencia la pérdida efectiva del control territorial por parte del Estado, algo que está a la vista de todos. La teoría política clásica puntualiza que el Estado es débil cuando pierde el control de su territorio y cuando la recaudación tributaria es inferior a lo establecido por la ley.

El Estado salvadoreño perdió el control de alrededor de un tercio del territorio nacional —más del rural que del urbano, quizás— durante la guerra civil. En la actualidad, no tiene control efectivo de inmensas porciones del país. Si no, cómo se explica que las pandillas cobren impuestos o extorsionen, administren justicia —sin duda, ilegal, injusta y cruel, pero justicia al fin de cuentas—, decidan sobre el sitio de residencia y la propiedad, autoricen el tránsito de personas y vehículos, paralicen el transporte y la actividad económica a su antojo o conveniencia.

A las autoridades de la PNC parece haberles sacado de sus casillas que se haya evidenciado que la autoridad en muchos territorios la detentan los pandilleros, no sus agentes, a pesar de sus discursos elocuentes, de su armamento pesado y su negra parafernalia, de sus patrullajes y de sus operativos. Por mucho que les moleste, en muchas localidades, la mayoría de ellas densamente pobladas, no hay institucionalidad, ni autoridad, ni Policía, ni Ejército. Y los políticos solo penetran en esas zonas con permiso expreso de los jefes locales, que establecen horario y condiciones, y supervisan las actividades.

A los asustadizos conviene recordarles que la Policía tampoco tiene control efectivo de las calles de las ciudades y de las carreteras. La ley que prevalece en ellas es la de los buseros y la de los que violentan las normas básicas del tránsito vehicular de manera prepotente e impune. La razón es sencilla: la policía de tránsito está ausente; en la práctica, no existe en El Salvador. Los controles esporádicos en algunas carreteras no solo son ineficaces para lo que dicen pretender, sino que, además, son una contradicción, porque detienen el flujo vehicular allí donde debiera ser fluido.

Si a los jefes policiales tanto les preocupa que el periódico en cuestión alarme a una población ya atemorizada, el ocultamiento de la realidad de las colonias, los pasajes y los asentamientos rurales no producirá la seguridad ciudadana que dicen desear. Negar la realidad no la transforma. Más bien es muy alarmante que la dirección policial se conforme con esconder la inseguridad para producir seguridad. Otra llamativa contradicción.

El problema es antiguo, se remonta a los Gobiernos de Arena, que apostaron por mantener activos a miembros de los antiguos cuerpos de seguridad militarizados, y al FMLN, que negoció elementos importantes de los Acuerdos de Paz con tal de introducir a sus combatientes en las filas de la PNC. Desde entonces, lo que debía ser una policía civil, que garantizara la seguridad y la convivencia ciudadana, se convirtió en un cuerpo armado, más militar que civil, más represivo que abierto a la ciudadanía, ineficaz para combatir la organización criminal. En buena medida, la responsabilidad es de los políticos, muy dados a los despliegues publicitarios y a la grandilocuencia.

La petición de los jefes policiales a la Fiscalía refleja más el miedo de una PNC desorientada e impotente que una preocupación institucional por la seguridad ciudadana. Así no se puede combatir el delito. Ayudar a los habitantes amenazados por los pandilleros a abandonar sus viviendas es cosa buena, sin duda, pero eso no es lo que se espera de la Policía. Una corporación aún más represiva, similar a los antiguos cuerpos de seguridad, tampoco garantiza la seguridad y la convivencia ciudadana.

Utilizar el argumento del secreto de Estado para ocultar los mapas que muestran el control territorial de las pandillas es una simpleza, porque el hecho es público, aunque se conozca de manera fragmentada. Los mapas proporcionarían la visión global del fenómeno. Pero por eso mismo, mostrarlos sería poner en evidencia la extensión y la gravedad de la incompetencia institucional. Muy mal servicio hacen estos jefes policiales a la ciudadanía y al Gobierno cuando se refugian en un falso concepto de institucionalidad para esconder ineptitudes, ineficiencias y desatinos.