¿Por qué otra prórroga al régimen de excepción?

El martes 19 de julio de 2022, el mismo día que cientos de familiares de detenidos durante el régimen de excepción salieron a las calles para pedir su liberación, la Asamblea Legislativa, con 67 votos de la bancada oficial y sus aliados, aprobó la cuarta prórroga del régimen vigente desde el 27 de marzo. Para los marchantes, la mayoría mujeres, sus familiares fueron capturados injustamente y el amor y el sufrimiento por ellos y ellas los hicieron salir a las calles, a algunos, según relataron, por primera vez en sus vidas. La solicitud de la prórroga la hizo el Gobierno a través de los titulares del gabinete de seguridad. El argumento es el mismo de hace casi 4 meses: seguir capturando a pandilleros.  El jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, que recientemente engrosó la retahíla de funcionarios en la Lista Engel, solicitó dispensa de trámite para que la iniciativa ingresara en la agenda y la aprobaran de manera exprés, sin pasar por el estudio de la Comisión respectiva.

En la petición, los funcionarios detallaron que después de 100 días de Estado de Excepción han capturado a más de 46 mil personas, se han decomisado más de mil armas de fuego, se incautaron más de 1,300 vehículos, decomisado más de 1 millón de dólares en efectivo y casi 50 mil porciones de droga.  A los funcionarios y a los diputados que dieron sus votos para la prórroga se les olvidó decir que la mayoría de los y las detenidas viven en el umbral de la pobreza y en zonas de alta vulnerabilidad económica y social, por lo que no tienen acceso a una defensa legal y son víctimas de la arbitrariedad y el sometimiento de los jueces a los deseos del Ejecutivo. Mucho menos reconocieron que, según las estadísticas, más de la mitad de los detenidos son menores de 30 años, lo que refleja una persecución contra la población joven y pobre. Tampoco mencionaron ellos –sí lo hicieron legisladores de la oposición- a los miles de casos que han sido denunciados como detenciones injustas, arbitrarias y que algunas reúnen las características de desaparición forzada. Y por supuesto, no hicieron mención de los más de 60 asesinatos que han ocurrido en los centros penales cuando estaban ya bajo la tutela del Estado. Para los funcionarios del Gobierno estos son solo daños colaterales, como lo resumió el mismo Vicepresidente de la República, y como también han afirmado algunos académicos que han dejado a un lado la razón y la dignidad.

Ciertamente el pueblo salvadoreño está harto del daño infligido por las pandillas y de estar esclavizados en sus propias colonias. Precisamente por eso, ha aumentado la tolerancia a medidas desesperadas que se llevan de encuentro a inocentes. En la actual administración presidida por Bukele no valen las razones ni las evidencias. Está a la vista que las medidas extraordinarias  que se vuelven ordinarias, como el Estado de Excepción, abren las puertas a que se cometan graves  injusticias y abusos por parte de las autoridades. Pero el gobierno extiende y extenderá el régimen de excepción porque tiene un alto respaldo social y porque el presidente no tiene otra medida exitosa de la cual agarrarse. Además, como sucedió también durante la pandemia, la medida le permite al Gobierno seguir evadiendo los procedimientos legales para el uso del dinero, la rendición de cuentas y la transparencia, ausentes en toda su administración. Es decir, el régimen de excepción, además de ser popular, se presta para la corrupción.

Lo de Bukele no es nuevo como la mayoría de cosas que hace, aunque las presente como novedades históricas. En los gobiernos de Arena, una política estrella en materia de seguridad fueron los Estados de Emergencia. En las políticas de  Mano Dura fueron comunes los Estados de Emergencia que se extendían indefinidamente mediante decretos legislativos o ejecutivos. Las medidas se implementaron cuando el país vivía una “emergencia” en materia de seguridad, pero se extendieron hasta convertirse en casi permanentes. Por ejemplo, la Constitución avala el uso de efectivos del Ejército en labores de seguridad pública durante situaciones extraordinarias. La historia reciente nos revela que la Fuerza Armada ha sido parte fundamental de las medidas de seguridad pública  de manera ininterrumpida desde las políticas manoduristas, llegando a ser la protagonista de la seguridad pública en este gobierno de Bukele.

Como se sabe, el régimen de excepción suspende los derechos de asociación, a la intimidad en las comunicaciones, el derecho a la defensa, conocer las razones de la detención y extiende el periodo de detención preventiva de 72 horas a 15 días.  Desde la perspectiva de los derechos humanos, lo que la medida revela es la incapacidad gubernamental de combatir la criminalidad dentro del respeto a la legalidad y al Estado de Derecho. Y cuando cualquier medida que se implemente lleve intrínseca la violación a cualquier derecho humano, esa medida está mal planteada.

* Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 97.