Aunque los políticos los traten como a una especie de ciudadanos de segunda categoría al no hacerles efectivo su derecho al sufragio, nadie puede poner en duda en estos tiempos la importancia económica de los salvadoreños en el exterior, sobre todo los que residen en Estados Unidos. El Viceministerio para los Salvadoreños en el Exterior estima que, entre documentados e indocumentados, la cifra de compatriotas en el país del Norte alcanza los dos millones y medio. El promedio de 3 mil 600 millones de dólares que entra cada año en concepto de remesas familiares hace de los migrantes un pilar fundamental que evita el colapso de la economía nacional.
Entre los salvadoreños en Estados Unidos, hay un grupo que por sus características será sujeto y objeto en los próximos meses de una campaña tanto dentro de la unión americana como a nivel internacional. Hablamos de los salvadoreños acogidos al Estatus de Protección Temporal, conocido por sus siglas en inglés como TPS. De hecho, en la comunidad latina en Estados Unidos, a los salvadoreños, hondureños y nicaragüenses que gozan de este beneficio se les conoce —y ellos mismos se identifican— como TPS. Los TPS son, en su mayoría, salvadoreños, y suman más de 200 mil; seguidos por los hondureños (unos 60 mil) y los nicaragüenses (unos 6 mil).
La campaña pretende lograr que a los actuales TPS se les conceda la residencia definitiva en Estados Unidos. Algunos podrán preguntarse por qué no luchar por los derechos de los 12 millones de indocumentados en lugar de hacerlo por los aproximadamente 300 mil centroamericanos que ya cuentan con el estatus temporal. De acuerdo a los organizadores de la campaña, la lucha por la vigencia de los derechos de los migrantes tiene etapas que hay que ir alcanzado gradual y progresivamente. De esta manera, la victoria de lograr la residencia definitiva para los TPS será asumida como propia por toda la comunidad migrante, para después seguir en la senda de otras conquistas. En este sentido, hay que conocer por lo menos un poco a los que se acogieron al TPS para comprender el alcance que puede tener la campaña.
Un TPS salvadoreño entró a Estados Unidos antes del 13 de febrero de 2001, por lo que la inmensa mayoría de los más de 200 mil connacionales que gozan del estatus lleva más de 10 años bajo esta condición temporal. El TPS dura 18 meses, y hasta el momento se han aprobado ocho extensiones. Cada vez que hay que renovar el TPS, un salvadoreño gasta en promedio unos 500 dólares. Es decir, cada 18 meses, estos compatriotas en conjunto gastan más de 100 millones de dólares para seguir legalizados temporalmente en Estados Unidos. Para ser beneficiario del TPS se necesita tener un historial personal impecable, no haber cometido delito ni tener ningún tipo de deuda con la legislación estadounidense.
De acuerdo a la interpretación que han hecho de la ley, si un TPS se casa con una estadounidense, debe salir por lo menos 10 años del suelo norteamericano para poder regular su situación migratoria. Aunque parezca ridícula la medida, así se está aplicando en la cuna de la democracia. Y no solo eso: una TPS no puede salir normalmente de Estados Unidos, aunque esté por demás legalizada. Si se puede demostrar una situación de suma gravedad, como la enfermedad terminal de la madre, por ejemplo, el Gobierno demora usualmente tres meses en conceder el permiso temporal de salida respectivo; es decir, para seguir con el ejemplo, cuando la madre ya está en el otro mundo o, en el mejor de los casos, cuando ya se ha recuperado.
La campaña de la que muy pronto tendremos noticias apunta a conseguir la residencia permanente para estos casi 300 mil centroamericanos. En realidad, no se pide la residencia porque se tiene el estatus temporal, sino porque los centroamericanos TPS la merecen por ser una comunidad ejemplar. Este es el argumento central de los promotores de la campaña. Como dijimos antes, los TPS no tienen cuentas pendientes con la justicia, son gente trabajadora, tienen un expediente intachable. Hay que estar conscientes de que puede pasar mucho tiempo antes de que la campaña dé frutos, pero su perfil estratégico está en que si no se hace nada al respecto, se sucederán más extensiones que ponen en vilo a estos compatriotas y que los hacen gastar esa importante suma de dinero.
A nuestro juicio, el primer reto que debe sortear la campaña es convencer a los propios TPS de que la residencia es posible. Llevan tantos años renovando permisos temporales que la legalización definitiva parece haber desaparecido de su horizonte, no está ya dentro de sus esperanzas. La campaña, sin embargo, puede hacerlos conscientes de sus muchas cualidades y movilizarlos por este y otros derechos. En segundo lugar, para alcanzar éxito, requiere del apoyo de muchos sectores, dentro y fuera de Estados Unidos. Cada salvadoreño, pues, debería sumarse a esta causa y exigir la residencia para los TPS. También esta debiera ser una tarea prioritaria del Gobierno salvadoreño, que cada 18 meses reivindica como logro de su gestión la extensión del TPS, utilizándolo como herramienta política. En vez de abogar por el TPS, este y los futuros Gobiernos deberían hacer suya la demanda de la residencia permanente para los compatriotas en Estados Unidos, porque se la merecen y porque sería de gran beneficio para sus familias y nuestro país.