¿Retorno o marcha atrás?

Hemos comenzado el retorno a la vida productiva, manteniendo medidas y protocolos que impidan rebrotes graves de la pandemia, que pudieran colapsar nuestros servicios de salud y golpear severamente a los trabajadores sanitarios. Lamentablemente muchos de los protocolos, aunque buenos, son fruto de la iniciativa de las empresas e instituciones particulares, al no haber podido dialogar ni llegar a un acuerdo entre los poderes legislativo y ejecutivo. De este simple hecho brota la pregunta con que se inicia  este artículo: ¿A qué retornamos? ¿A un verdadero despegue del desarrollo o a la parálisis que produce el insulto y la incapacidad de diálogo? Después de una crisis tan fuerte como la pandemia de covid-19, la ciudadanía esperaría un plan de recuperación y desarrollo bien articulado. Pero un plan racional de recuperación del país es de momento inexistente.

Lo que hay son gritos, denuncias de corrupción, o al menos de malos procedimientos, mentiras y decisiones irracionales. En la interpelación al ministro de Defensa quedó patente la baja profesionalidad de la Fuerza Armada. No entienden la Constitución ni proceden en consonancia con ella. Algunos funcionarios del Gobierno hicieron el ridículo diciendo a propósito de la masacre del Mozote que “planes militares secretos no pueden revelarse”. Querer guardar en secreto planes de hace 40 años es absurdo, y más si eran planes criminales. Tampoco los diputados fueron especialmente brillantes en su interrogatorio, a pesar de haber tenido seis  meses para diseñar algo mejor. Ni siquiera señalaron las contradicciones entre la versión del ministro de Defensa que en la interpelación afirmó que la militarización de la Asamblea fue para proteger al Presidente y la que, en su momento, dio el Presidente de la República en periódicos norteamericanos donde afirmó que la presencia de militares en el Salón Azul fue un operativo para proteger a los diputados.

Las denuncias de malos procedimientos en las compras gubernamentales y las consiguientes acusaciones de corrupción se mezclan con las respuestas insultantes y con la falta de operatividad de las instituciones que deben tomar cartas en el asunto. La desobediencia gubernamental a la Sala de lo Constitucional es más que evidente. Las nuevas comisiones de la Asamblea no son serias, incluidas la que investiga el hurto de la donación de ventiladores mecánicos en Estados Unidos o la que investiga ataques a opositores y periodistas. Los mismos diputados han atacado a quienes quieren justicia para los crímenes del pasado o a quienes reclaman una ley del agua decente. El insulto, en un primer momento casi un  monopolio del Ejecutivo, se ha ido expandiendo. Un diputado de Arena acusó recientemente a un partidario de Nuevas Ideas de indefinición sexual y colocó en su cuenta de Twitter una imagen de un montaje con el rostro del atacado sobre el cuerpo de una mujer, en franco irrespeto al cuerpo femenino. Los extremos de estupidez y mal gusto parecen haberse convertido en una competición. Pero hay extremos peores, al menos desde el punto de vista de la lógica inquietud que el pueblo salvadoreño tiene sobre el rumbo del futuro: un diputado ha estado hablando prácticamente de dejar en manos privadas el Seguro Social. La cobertura del Seguro Social, que debería ampliarse a toda la población en el todavía inexistente plan de desarrollo, ahora algunos quieren convertirla en un negocio.

Por otro lado, la justicia transicional no es tema dentro del discurso de vuelta a la normalidad. La negativa de la Fuerza Armada a colaborar y la poca capacidad de la Fiscalía de confrontarse con los poderes establecidos agrava la situación de los Derechos Humanos. El tema del agua, una deuda pendiente con las grandes mayorías del país, parece estar fuera de la agenda política. No hay planes institucionales de instalar el acceso permanente al agua potable para consumo y saneamiento en el interior de todos los hogares, a pesar de que el cuido y la prevención de la pandemia exige una higiene en la que el agua juega un papel fundamental. Los temas de largo plazo o de necesidad y justicia han desaparecido del debate nacional. Unos hablan exclusivamente de levantar la vida productiva que, aunque es una tarea necesaria, no es más que una parte de las necesidades de nuestro país severamente golpeado por la crisis económica, la deuda y la situación sanitaria. Otros parecen ocuparse exclusivamente de las elecciones de febrero próximo como si el simple hecho de aumentar el propio poder solucionara automáticamente los problemas del país, aunque no haya planes de desarrollo ni estrategias para enfrentar la crisis que vivimos. Y no va a ser desde un poder arbitrario y sin planes serios de desarrollo social desde donde solucionaremos la crisis.

Recientemente la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha publicado un estudio sobre el acceso a internet en América Latina, pues considera los medios digitales en esta época de pandemia como un instrumento fundamental para impedir retrocesos graves en el desarrollo educativo. El estudio analizó la conectividad de la población en 12 países durante el año 2018. Solo Bolivia estaba claramente por debajo de El Salvador. Pero lo más impresionante es que en Costa Rica, un vecino nuestro, el quintil de los hogares con menos ingresos de su población tenía mayor conectividad que el quintil con mayores ingresos de El Salvador. Hoy pagaremos esta situación con retardo escolar y con abandono de la escuela y mañana con mayor pobreza, mientras que otros países avanzarán con mayor rapidez en su desarrollo. Aun así, sabiendo que la conectividad es indispensable para el desarrollo del conocimiento, no hay medidas claras que le garanticen a nuestra población una rápida universalización del acceso a internet. Lo principal y prioritario no es retornar a la vida ordinaria, sino comenzar una dinámica que nos aparte de la injusticia social y de sus repercusiones negativas en el desarrollo. O comenzamos a planificar un desarrollo más justo, más coherente con el bien común, el desarrollo del conocimiento y los derechos humanos, o seguiremos empantanados en el grito, el subdesarrollo y la ineficacia.

* Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 12.