El pasado 28 de junio, la Asamblea Legislativa aprobó la “Ley Especial Transitoria para Establecer el Estado Familiar, Filiación y Nacimiento o Muerte de Víctimas de las masacre de El Mozote y lugares aledaños”. De acuerdo con la prensa, la iniciativa, de carácter transitorio, fue aprobada por 64 diputados. Según el bloque oficialista, el proyecto de ley tiene el propósito de hacer más expedita y ágil la identificación de familiares de víctimas asesinadas por el ejército salvadoreño en diciembre de 1981.
En principio, presentar una ley que contribuya a atender a las víctimas del conflicto armado debería ser plausible. Sin embargo, como ya es costumbre, la propuesta impulsada por el Órgano Ejecutivo, y aprobada sin mayores reparos por la bancada oficialista y sus aliados, muestra una serie de vacíos y vicios no solo en el ámbito institucional, sino en el terreno de lo ético y político.
En cuanto a los vacíos institucionales, se debe señalar que la bancada oficialista no facilitó ningún debate en el seno de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos ni con la ciudadanía. Tratándose de un tema tan relevante, y tan sensible, para la realidad salvadoreña, huir de la discusión no solo es un desatino político, sino una actitud irresponsable desde el cargo que ostentan. Vinculado a ese desacierto, desde lo ético y lo político, la Comisión se concentró en escuchar únicamente al representante del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial para atender y dar marcha a la iniciativa presidencial. No se preocupó por saber ni la experiencia ni la opinión de las asociaciones de víctimas. En otras palabras, no tuvieron la voluntad de reconocer su lugar privilegiado, es decir, todo el conocimiento que durante años ellas han edificado a partir de su condición. La posición que los diputados de Nuevas Ideas adoptaron a partir de las preguntas planteadas por la oposición o por voces críticas (y autorizadas) demuestra otros dos vacíos éticos. El primero, que existe una confusión o una visión bastante reducida de los derechos humanos y de los procesos de justicia y reparación para responder a las injusticias que devienen de los crímenes ocurridos en el pasado. El segundo, la usual estrategia de tergiversar los hechos.
Y es que, por un lado, situar a las víctimas como interlocutoras directas significaría garantizar su participación en la discusión o elaboración de cualquier ley, política o documento relacionado a sus experiencias de sufrimiento. Esto, para el caso de El Mozote, no solo lo determina la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2012 y a la que los diputados oficialistas hicieron referencia en una conferencia de prensa. Además, es una condición sine qua non para hablar de justicia y reconciliación y, en consecuencia, para el avance democrático que el país requiere.
Por el otro, pensar que dignificar a las víctimas se reduce a una indemnización económica o material o a las obras de infraestructura que cualquier gobernante está obligado a cumplir no solo expresa una visión reducida, sino negligente y manipuladora. Reparar a las víctimas implica propiciar la verdad en toda su radicalidad, implica justicia, resarcimiento y procesos de reconciliación. En ese sentido, promover procesos expeditos para identificar a familiares de las víctimas por supuesto que son necesarios. Sin embargo, hacerlo y en paralelo ocultar y legitimar el desmantelamiento del sistema judicial que buscaba procurar justicia para las víctimas de El Mozote es incoherente y perverso. La bancada oficialista bien haría en citar y dialogar cara a cara con las asociaciones de El Mozote. Son ellas quienes conocen los avances y obstáculos del registro de víctimas. Han sido ellas quienes han trabajado metodologías para llevar a cabo ese esfuerzo. Tienen la experiencia y la voz moral. No hacerlo es negar el reconocimiento que demandan las víctimas. Es manipular. En otras palabras, hacer política a partir de perpetuar las injusticias y el sufrimiento.
* Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 95.