¿Tiempo de tender puentes?

A la primera mitad del año podemos llamarla tiempo de conflicto. Las elecciones legislativas y municipales estuvieron marcadas por un lenguaje muy agresivo. El 1 de mayo, primer día de trabajo de la nueva Asamblea Legislativa, se llegó a la apoteosis vengativa de Nuevas Ideas, con la destitución ilegal de la Sala de lo Constitucional y del Fiscal General. Siguieron casi inmediatamente decisiones y movimientos que agravaron las tensiones tanto internas como internacionales. Desde entonces, la situación del país se ha agravado hasta el punto de que el Gobierno ha promovido detenciones irregulares de opositores políticos, entre ellos algunos miembros del FMLN.

En este contexto se dio un movimiento imprevisto: la invitación presidencial a un grupo de organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la defensa de los Derechos Humanos y con el Estado de Derecho. Varias de estas organizaciones habían sido etiquetadas previamente por el presidente Bukele como organizaciones de oposición, de fachada e incluso, Bukele sugirió que eran parte de un supuesto “enemigo interno”. Sin embargo el ambiente de la reunión fue respetuoso. Los convocados hablaron con claridad respecto a los graves problemas de institucionalidad que sufre el país. Por su parte, el presidente, aunque dio su versión y opinión no coincidente sobre lo que se le decía, mantuvo una actitud de escucha respetuosa.

¿Significa esta reunión algo diferente de lo acostumbrado? El país está en una severa crisis económica. Los problemas sociales comienzan nuevamente a emerger después de la parálisis impuesta por la pandemia. Algunas medidas respaldadas por leyes, como la del bitcóin, se encuentran en una especie de callejón sin salida. Los Estados Unidos mezcla la Lista Engel y otras formas de presión más sutiles, como puede ser su posible influencia en las decisiones del Fondo Monetario Internacional, con donaciones de vacunas e incluso de un barco patrullero costero. Diversos analistas piensan que el encuentro presidencial con algunas de las organizaciones defensoras de la institucionalidad y de los Derechos Humanos fue parte de una serie de sugerencias de la Embajada Americana. No obstante, las consultas realizadas  a las universidades y organizaciones sociales sobre la ley de aguas también se alejó de la prepotencia con la que las comisiones de la Asamblea Legislativa suelen tratar a quienes no rinden pleitesía a las supuestas nuevas ideas del partido de ese mismo nombre. La diferencia de un solo acto, el de la reunión mencionada, hay que medirla dentro del contexto en el que se realiza.

Es evidente que no habrá cambios espectaculares en las propuestas del partido de gobierno. Pero la difícil coyuntura económica de El Salvador junto con las decisiones irresponsables de los poderes Ejecutivo y Legislativo, algunas de ellas con riesgos de fracaso catastrófico, está poniendo al menos un freno a la actitud prepotente y nada dialogante de los actuales gobernantes. El cambio en la coyuntura dependerá de que el Gobierno continúe con diferentes formas de diálogo, de que frene las acciones de dudosa legalidad, más orientadas a la venganza que a la política o a la justicia,  y de que muestre una mayor apertura a la transparencia. También dependerá de la capacidad de propuesta de la sociedad civil. En un gobierno como el actual, que tanto se esfuerza en presentar novedades en el campo de la acción política, las propuestas de la sociedad civil deben enraizarse en el sentimiento de la ciudadanía. Temas como el agua, el medio ambiente, las pensiones y la seguridad social universal deben ser tratados con creatividad y en conexión con las necesidades de las mayorías. Un caso particular que puede determinar el futuro del diálogo será la actitud del Gobierno con respecto a las presiones y a la manipulación que haga del sistema judicial y de la Fiscalía. Si ambas instituciones funcionan como un apéndice del poder Ejecutivo y se elimina la relativa libertad judicial conseguida después de la guerra civil, la coyuntura evolucionará con más rapidez hacia el autoritarismo, el control ciudadano y hacia la manipulación de cualquier diálogo, con el objetivo de priorizar la imagen del Gobierno. En definitiva es el Estado de Derecho el que está en juego. Incluso las muestras de afabilidad que se puedan dar después de una etapa agresiva contra la sociedad civil, aunque no sean en principio negativas, no pueden convivir en el mediano y largo plazo con una sociedad que se pretende democrática. Tender puentes en una sociedad dividida es necesario. Pero los puentes deben llevar hacia un desarrollo humano en el que la libertad y los Derechos Humanos se respeten en su integridad. En ese sentido el Gobierno tiene una responsabilidad que va más allá del diálogo con algunos sectores críticos de las formas autoritarias actuales. La entrada, o no entrada, en vigor de la Ley Bitcóin, la próxima ley de aguas y el debate sobre las posibles reformas constitucionales mostrarán muy pronto si se ha optado por tender puentes o si solamente se pretenden fórmulas cosméticas con los sectores críticos, o simples arreglos con otros poderes económicos que siempre han sabido adaptarse en medio de los desatinos del poder.

* Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 56.