Todo apunta a septiembre

Septiembre presagia ser un mes histórico para el país. Y parece que no lo será solo porque este  año se conmemoran los doscientos años de la declaración de independencia de Centroamérica. Hay otras señales que apuntan a que este septiembre será distinto. Para ese mes se ha anunciado la presentación al Presidente de la República del proyecto de reformas a la Constitución, que trabaja el equipo coordinado por el vicepresidente Félix Ulloa. Para septiembre se quiere tener aprobada la Ley del Agua que presentó el Ejecutivo, según declararon tanto el presidente de la Asamblea Legislativa como la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente. En septiembre también entra en vigencia la Ley Bitcóin, aprobada de manera exprés el 9 de junio pasado, sin conocimiento de los diputados y diputadas y sin ningún tipo de consulta ciudadana. Algo histórico viene en septiembre. El primer rasgo común es que estas medidas confirman que el presidente ha concentrado todos los poderes. ¿Por qué las reformas a la Constitución deben ser aprobadas primero por el presidente? Seguramente porque, si a él le parecen, es solo un trámite su aprobación en la Asamblea Legislativa. Más clara y directa fue la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa, cuando, el día en que escucharon las opiniones de universidades sobre la propuesta de ley de aguas del gobierno, dijo que tenían “orden” de terminar la discusión en 90 días, refiriéndose a palabras pronunciadas por el presidente Bukele.

¿Qué se viene en septiembre para el país?

Probablemente las palabras del presidente Bukele pronunciadas en su discurso el pasado 1 de junio con ocasión del segundo aniversario de su administración puedan dar luces al respecto. En la Asamblea Legislativa, el mandatario anunció que ese día comenzaba el quinto paso en la transformación del país.

El primero tuvo lugar el 3 de febrero de 2019 cuando ganó la presidencia; el segundo paso fue el 1 de junio de 2019 cuando tomó posesión, el tercero el 28 de febrero de 2021 cuando su partido ganó la mayoría de escaños legislativos y de alcaldías del país; el cuarto sucedió el 1 de mayo cuando sus diputados y diputadas destituyeron a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General de la República. Ahora, dijo entonces el presidente, ya no se trata solo de una Sala de lo Constitucional o de una Asamblea Legislativa. Y anunció que venía el reto más grande para transformar el país. Y sentenció que esa era la gran batalla del pueblo: derrotar al aparato ideológico del país.

En lo que debía ser una rendición de cuentas, el presidente se dedicó a resaltar lo que él considera logros de su gobierno nunca vistos en los 200 años desde la independencia. Para ello contó con nutridos aplausos de su incondicional barra de funcionarios, partidarios y legisladores. Bukele confirmó, sin ambages, que ya tenían los tres poderes del Estado, pero que la oligarquía todavía dominaba el aparato ideológico. Afirmó que antes la oligarquía estaba detrás de los poderes del Estado pero que ahora no hay nadie más detrás de su gobierno que el poder fáctico del pueblo. Por eso, la segunda parte del discurso la dedicó, como él dijo explícitamente, a “tocar el corazón del pueblo salvadoreño”.

Es hora, dijo, de conquistar “nuestro feliz porvenir”. Hizo repetidos llamados a la población para que defendiera las conquistas de su gobierno. Para terminar la apología de su gobierno, hizo jurar a los diputados y diputadas defender los cambios como hizo jurar a la población reunida en la plaza pública en su toma de posesión el 1 de junio de 2019. La imagen reflejó por sí sola la absoluta genuflexión de los legisladores al presidente del país. Entonces lo que se ve venir para septiembre es algo que promete ser histórico para el país y que cambiará su rumbo: una ley de aguas a la medida del presidente, el cambio de la Constitución de la República, que probablemente incluirá la reelección a perpetuidad del presidente, y la imposición de un activo digital como moneda de curso legal en el país por disposición de Bukele.  Es decir, para celebrar el bicentenario de la independencia y entrar a la recta final de la nueva era del país, septiembre se pinta para la entronización de la figura presidencial, la anulación de todo oposición partidaria y de la sociedad civil y para un incierto panorama económico, tan peligroso como aventurado. Por supuesto que el presidente no está solo, detrás hay un selecto grupo cuyos intereses son representados por la figura presidencial. Seguramente ese poder fáctico que está detrás del mandatario no es el pueblo que invoca cada vez que requiere su apoyo.

Por los signos que se ven, en esto consiste la nueva era que el país se apresta a vivir. Este es el camino al “feliz porvenir” y estos serán los logros que el presidente llama a la población a defender. Se quiere vender como democracia lo que es dictadura y una cleptocracia, como prosperidad general lo que solo beneficia a unos pocos ricos, como libertad lo que es sometimiento y como verdad lo que es mentira.

Quizá por esto que se viene en septiembre es que no poca gente ha interpretado la prohibición de concentraciones y mítines hasta el mes de octubre, no como medida para frenar el covid-19, sino para evitar eventuales protestas que puedan organizarse ante la declaración formal de la autocracia salvadoreña. El anuncio de aumentar los efectivos del Ejército a cantidades similares a los que hubo durante la guerra civil, supone el mayor retroceso en el camino de la desmilitarización de la seguridad pública y la confirmación de que toda dictadura necesita de la fuerza de las armas para mantenerse en el poder. La denuncia periodística de El Faro que revela que los hermanos del presidente están ocupando al país -y a sus casi siete millones de habitantes- como conejillos de indias para probar la imposición de una “moneda” digital nacional para sustituir al dólar presagia que quien pagará las consecuencias de las decisiones tomadas por un grupo élite será la mayoría de la población que espera un feliz porvenir.

* Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 54.