Tres años de deterioros

Hace tres años, Nayib Bukele llegó al Gobierno. Prometió liberar al país de la corrupción y de los vicios de “los mismos de siempre”. En su discurso de toma de posesión el 1 de junio de 2019, Bukele dijo “nos comprometimos a ser un mejor El Salvador; nos comprometimos a garantizar el bienestar social de cada salvadoreño”. El grueso de las acciones de su gobierno, por el contrario, han seguido un camino diferente al de sus discursos.

Durante tres años, el Gobierno de Bukele ha desmantelado los pocos avances en materia de institucionalidad democrática logrados desde la firma de los Acuerdos de Paz. Ha demostrado que su Gobierno carece de planificación y propuestas de políticas públicas que brinden soluciones estructurales y sostenibles a los graves problemas del país. Sobre todo, estos tres años han demostrado que la transparencia, los derechos humanos y el Estado de Derecho son prescindibles si obstaculizan la voluntad del presidente.

A lo largo de su gestión, Bukele ha focalizado esfuerzo y recursos en la cooptación de casi todas las instituciones del Estado. Desde que los diputados oficialistas destituyeron ilegalmente a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general de la República, el pasado 1 de mayo de 2021, ya no se puede hablar de separación de poderes. Asimismo, la ciudadanía ha perdido la posibilidad de acceder a información pública básica, como el costo de los viajes del presidente, los planes de salud o de vacunación, el costo de las computadoras y laptops para el sistema educativo público, el costo total de la implementación del bitcóin, etc. Las posibilidades de ejercer algún tipo de control ciudadano sobre las acciones del Ejecutivo son nulas. Pese a ello, y gracias al trabajo del periodismo independiente, se han conocido graves casos de corrupción, especialmente relacionados con las compras de insumos médicos durante la emergencia causada por la pandemia de covid-19.

Sin embargo, más allá de la cooptación del Estado, de la concentración de poder en el presidente y de la corrupción, los tres años del actual Gobierno han visto el deterioro de las condiciones de vida de amplios sectores de la población. Como prueba de lo anterior, haremos alusión a algunos temas. Por ejemplo, el Gobierno de Bukele se ha caracterizado por otorgar, con enorme facilidad, permisos ambientales para grandes proyectos urbanísticos que limitarán aún más el acceso al agua en comunidades pobres del país. En otros casos, los proyectos de inversión pública del Ejecutivo, como el Aeropuerto del Pacífico, desplazarán a comunidades y pondrán en riesgo la biodiversidad de la zona. Hasta el día de hoy, es imposible saber qué acciones está tomando el Ejecutivo para mitigar los riesgos y daños que este tipo de inversiones conllevan, si es que se está tomando alguna. 

De igual forma, en tres años de gobierno, los programas dirigidos hacia las mujeres salvadoreñas han sufrido enormes retrocesos. Para 2022, el presupuesto otorgado para el desarrollo de estos programas sufrió un recorte de $563,185, según reportes periodísticos. Programas como el de Agricultura Familiar y Amanecer Rural, que tenían un enfoque de género, perdieron sus asignaciones presupuestarias por completo, mientras que el programa de Ciudad Mujer ha sufrido también drásticas reducciones presupuestarias.

Las poblaciones de los municipios más pobres del país también están viendo una afectación en los servicios y proyectos desarrollados por las alcaldías, luego de que la Asamblea Legislativa, por petición del Gobierno, les redujera significativamente la asignación del Fodes (Fondo para el Desarrollo de los Municipios de El Salvador) y centralizara los fondos en la Dirección de Obras Municipales (DOM). En los últimos días, incluso alcaldes pertenecientes al partido del presidente han señalado que no han podido cumplir con las obras que la población demanda, ya que no cuentan con los recursos para ello.

En materia de seguridad pública, aunque la disminución en las cifras de homicidios es innegable, existen pruebas suficientes de que dicha disminución no es atribuible a la ejecución del Plan Control Territorial, sino a negociaciones entre el Gobierno y las principales pandillas del país. Como en administraciones anteriores, dichas negociaciones han ocurrido en total secretismo. Cuando estos pactos fracasan, comienza nuevamente el derramamiento de sangre y las víctimas resultan ser casi siempre personas trabajadoras sin vinculaciones con pandillas, como ocurrió entre los días 25 y 27 de marzo, cuando fueron asesinadas 87 personas.

En tres años, pues, ha quedado más que demostrada la poca estima que el Gobierno de Bukele tiene para con los derechos humanos de la población cuando de proteger su imagen se trata. Luego de que el pacto entre las pandillas y el Gobierno se rompiera, a petición del Ejecutivo, la Asamblea Legislativa aprobó un régimen de excepción que se ha prorrogado en dos ocasiones y en el que han tenido lugar  prácticas propias del terrorismo de Estado, sobre todo contra jóvenes provenientes de barrios o comunidades empobrecidas y estigmatizadas. En este contexto, distintas organizaciones de derechos humanos han documentado decenas de casos de detenciones arbitrarias, golpizas, torturas y decesos en centros penales.

Podemos decir entonces que van tres años de un Gobierno en el que se han consolidado la corrupción, la concentración de poder y las graves violaciones a los derechos humanos, mientras los problemas del país siguen agobiando a la mayoría de la población, aunque la maquinaria de propaganda, con sus cientos de voceros a sueldo, intenten vender lo contrario.

* Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 91.