Un año de retrocesos

El pasado 1 de mayo se cumplió un año desde que inició la legislatura 2021-2024, dominada por el partido del presidente Nayib Bukele, Nuevas Ideas. El 1 de mayo de 2021, la Asamblea Legislativa inició con una acción que iba a definir el rumbo del país: la destitución ilegal de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional y del Fiscal General para nombrar en esos cargos a personas serviles al presidente de la República. Tras las destituciones, ocurrieron otros hechos que no deben olvidarse: tanto los magistrados de la Sala de lo Constitucional (a excepción de uno de ellos) como el fiscal general, a pesar de haber sido destituidos, presentaron de manera pública sus renuncias a través de cartas publicadas en sus redes sociales. Todas las cartas estaban escritas de manera similar. Con el paso de los días, se supo que los funcionarios destituidos fueron presionados para renunciar, fueron amenazados con ser capturados y fueron acosados en sus domicilios por parte de la Policía Nacional Civil (PNC), actos más propios de una mafia que de un gobierno y de una Asamblea que accedieron al poder por la vía democrática.

Desde entonces, la situación política, social y económica del país se ha deteriorado de una manera imprevisiblemente acelerada, por ello, vale la pena hacer un recuento de algunas de las acciones que han agudizado la crisis que atraviesa el país. La destitución ilegal de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general consolidaron el autoritarismo del gobierno de Nayib Bukele pues permitió la concentración de poder en el órgano Ejecutivo. Con ello, ni la Asamblea Legislativa, ni la Corte Suprema de Justicia, ni la Fiscalía tienen independencia para desarrollar su trabajo ni para tomar decisiones. En este contexto es claro que el objetivo principal de gran parte de la legislación que la bancada oficialista y sus aliados han aprobado está encaminada a consolidar la cooptación del Estado por parte del grupo que gobierna con Bukele y para proteger y obtener impunidad para los suyos.

Un ejemplo de lo anterior ocurrió  el 4 de mayo de 2021, cuando la bancada de Nuevas Ideas y los partidos aliados al gobierno, aprobaron con 63 votos, la “Ley para el uso de productos para tratamientos médicos en situaciones excepcionales de salud pública ocasionados por la pandemia de covid-19", mejor conocida como “Ley Alabí”. Esta ley blinda a los funcionarios públicos que hayan estado involucrados en irregularidades en las compras de insumos médicos destinados para atender la pandemia de covid-19. Según reportes periodísticos, al menos, el 66.8% de las compras de insumos médicos realizadas para atender la pandemia estaban bajo investigación de la Fiscalía.  Además, la Asamblea Legislativa reformó la Ley de la Carrera Judicial y la Ley Orgánica de la Fiscalía que obligó a los jueces y a los fiscales mayores de 60 años a separarse de sus cargos, luego de que el presidente Bukele y su equipo de propaganda los acusara de corruptos. Por supuesto, los jueces destituidos fueron sustituidos por otros que puedan seguir las órdenes de Casa Presidencial.

De igual forma, la bancada oficialista y sus aliados han aprobado leyes que favorecen los intereses económicos de grupos cercanos al presidente Bukele. Por ejemplo, en junio de 2021, aprobaron la Ley Bitcóin, que estableció como moneda de curso legal a dicho criptoactivo. La ley fue aprobada sin haber sido estudiada y de espaldas a la población. A casi un año de la aprobación de la ley, es más que evidente que esta medida ha tenido más costos que beneficios para el país. En esa misma línea se encuentran también las recién aprobadas leyes para la construcción del aeropuerto y el tren del Pacífico, que contemplan incentivos fiscales y la omisión de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones para la Administración Pública (LACAP). Lo mismo se puede decir de la Ley General de Recursos Hídricos, aprobada en diciembre de 2021, que permite, a las grandes empresas, la explotación anual de más de 365,000 metros cúbicos de agua hasta por 15 años renovables.

Finalmente, en tan solo un año, la bancada de Nuevas Ideas y sus aliados han aprobado leyes que criminalizan la labor periodística, que aumentan las penas de cárcel para los niños  y que persiguen y amenazan la vida y la libertad de personas que viven o trabajan en comunidades empobrecidas y asediadas por la violencia, con la justificación de luchar contra las pandillas. El 27 de marzo pasado, los diputados y diputadas del Ejecutivo aprobaron un régimen de excepción que anula todas las garantías procesales a las personas detenidas en este contexto. En este marco, hay denuncias de capturas arbitrarias de cientos de personas que no tienen ningún vínculo con las pandillas. Solo en el primer mes del régimen de excepción, organizaciones de Derechos Humanos recibieron 338 denuncias de violaciones a Derechos Humanos. Ninguna de estas personas tiene ahora alguna institución estatal a la cual acudir para garantizar sus derechos ni ningún mecanismo formal para defenderse y demostrar su inocencia. Con suerte, el ruido de las redes sociales puede ser su última oportunidad para recuperar su libertad.

Como vemos, el primer año de la legislatura 2021-2024 ha significado un retroceso enorme en materia de transparencia y de derechos humanos. La bancada oficialista y sus aliados han dadoun golpe  mortal a los pocos avances en materia democrática que se habían logrado después de los Acuerdos de Paz. Por eso vale la pena recordar y tener estos hechos presentes, para que no queden en la impunidad.

* Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 87.