¿Se ha transformado la Fuerza Armada?

En torno a los Acuerdos de Paz, el discurso oficial y mediático implantó varios mitos que la historia y la terca lucha de las víctimas han ido socavando. Se dijo y se repitió hasta el cansancio que la ley de amnistía era la piedra angular de los Acuerdos, cuando en realidad fue el principal artilugio legal para detener el proceso de reconciliación y la consolidación de la paz. La declaración de inconstitucionalidad de esa ley dio la razón, 24 años después, a la lucha de las víctimas y de los organismos defensores de derechos humanos. Otro mito que todavía repiten algunos es que conocer la verdad de los crímenes de lesa humanidad abre heridas, cuando en realidad es precisamente lo contrario. Las heridas no cicatrizan si siguen supurando. También se repite sin reparos que la Fuerza Armada fue la institución que más cumplió los Acuerdos de Paz, y eso no es del todo cierto. Un signo de esto es la reiterada negativa del Ejército a revelar información clave para conocer la verdad sobre las atrocidades que se cometieron durante la guerra.

De acuerdo al Instituto de Acceso a la Información Pública, el Archivo General de la Nación y el Ministerio de la Defensa Nacional destruyeron, entre 2013 y 2016, información que había sido solicitada por ciudadanos en agosto de 2013 para reconstruir dos masacres perpetradas por la Fuerza Armada. Este caso es solo un eslabón en la cadena de negativas a colaborar con el esclarecimiento de la verdad. En agosto de 2011, la difusión roja de la Interpol para capturar a los militares señalados como autores intelectuales de la masacre en la UCA fue interpretada por el pleno de la Corte Suprema de Justicia, inexplicable y vergonzosamente, como un mecanismo de búsqueda y localización policial de fugitivos. Fugitivos que en esa ocasión se refugiaron en las instalaciones de la extinta Guardia Nacional.

Por otra parte, en enero de 2012, el entonces presidente Mauricio Funes anunció, en la conmemoración de la masacre en El Mozote, que las guarniciones militares que llevan el nombre de efectivos acusados de crímenes de lesa humanidad serían rebautizadas. Pero eso nunca sucedió. Otro hecho: en enero de 2016 se reactivó la difusión roja por el caso de la masacre en la UCA y a raíz de ello se capturó a 4 militares que ya habían sido procesados antes, mientras los altos exoficiales con supuesta mayor responsabilidad nunca fueron arrestados por la Policía Nacional Civil, lo que evidenció, en el mejor de los casos, incapacidad, y en el peor, complicidad.

Más allá de discursos y declaraciones de intenciones, ¿hasta dónde ha permeado el respeto a los derechos humanos en la Fuerza Armada? Sus altos mandos parecen no entender que asumir la responsabilidad sobre las barbaridades del pasado le daría mayor credibilidad a la institución. La sociedad salvadoreña necesita conocer la verdad. Tarde o temprano esta necesidad se hará realidad para el bien del país. El tiempo no sana las heridas. Lo único que las puede cerrar es conocer por completo los hechos que las originaron. Poco a poco, los mitos propios de la cultura de la impunidad van desvelando su falsedad. Y eso seguirá sucediendo con o sin la colaboración de la Fuerza Armada.