Condición indispensable para la paz

El 6 de febrero de 1992, cuando recién se habían firmado los Acuerdos de Paz, la UCA, en un comunicado público, a la vez que expresaba su regocijo por el fin de la guerra, alertaba sobre los riesgos de aquel momento. De ellos, queremos recordar dos. Por un lado, la Universidad afirmaba que “las dificultades de la paz no radican tanto en la posibilidad de incumplimiento del acuerdo de paz, sino en lo poco que se negoció sobre el otro gran problema de nuestra realidad nacional, la injusta estructura económica”. Y más adelante añadía que “siendo el problema económico el tema fundamental para la pacificación del país”, debía cuestionarse y reformularse el modelo que generaba tantas contradicciones sociales. Por otro lado, esta casa de estudio expresaba que “existe el peligro real de enterrar el pasado horrendo de la guerra ocultando la verdad, precisamente cuando más necesitamos saberla, para reconciliarnos con nosotros mismos y como nación”. Se advertía, entonces, que “no se logra la reconciliación y la paz pregonando la impunidad, porque ambas son fruto de la verdad y la justicia”.

Esta visión sobre la realidad del país era compartida por otros sectores sociales, que también vislumbraban los mismos peligros. Lo que sucedió después es de sobra conocido. El modelo económico no solo no se cuestionó, sino que se profundizó con las privatizaciones, el desmontaje del aparato estatal y el favorecimiento de los poderosos. Y a la impunidad se le dio carta de ciudadanía con la aprobación de la ley de amnistía. Luego de 25 años, las consecuencias de no haber tomado en serio estos peligros están a la vista. Hoy en día, el país se sofoca en una ola de violencia y criminalidad, y la desigualdad económica se ha profundizado.

Lo peor: no se ha aprendido nada de tan triste experiencia. Todavía hay sectores que se empeñan en defender un modelo económico que genera pobreza y exclusión. Todavía hay quienes defienden premisas neoliberales que ya se han revelado falsas e inaplicables. Todavía hay grupos que se empeñan en favorecer a las élites más poderosas con el discurso de que eso beneficiará a toda la población. Todavía hay demasiada gente que sigue cobijándose en la impunidad, incluso justificando delitos atroces. Aún hay partidos que siguen exaltando como líderes a figuras señaladas por perpetrar crímenes de lesa humanidad.

Ahora, como hace 25 años, Naciones Unidas ha nombrado un facilitador para la formulación de unos nuevos acuerdos nacionales. Es hora de que los actores políticos y económicos entiendan que el bienestar de todos los salvadoreños es el componente fundamental, indispensable, para la convivencia pacífica. Y que la verdad y la justicia son los pilares de la reconciliación nacional. Dado el actual orden de cosas, no queda más que repetir las palabras del comunicado del 6 de febrero de 1992: “La raíz de la violencia está en la pobreza estructural, que durante décadas se ha venido profundizando y estructurando”. Como en aquel entonces, volvemos a alertar: si no se cuestiona y cambia el modelo económico, y si no se pone fin a la impunidad de los criminales, cualquier acuerdo estará condenado al fracaso.