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El 20 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Justicia Social. Su relación con los derechos humanos es obvia. Cuando un Estado no respeta plenamente los derechos de las personas, la justicia social es débil o inexistente. Y por supuesto, cuando los gobernantes no hablan o no debaten sobre la situación de la justicia social, demuestran, especialmente en situaciones como la nuestra, su desconocimiento o desinterés sobre los derechos humanos. El Día Mundial de la Justicia Social es, en ese sentido, una fecha para el análisis y para proyectar un cambio de todo aquello que viola derechos económicos y sociales. Nos gusta condenar la violencia, pero a los poderosos les molesta que se la vincule con la injusticia social, porque entonces se puede vislumbrar su origen. Un ejemplo básico de injusticia social puede ayudarnos a reflexionar.
En El Salvador, según la ONU, hay 800 mil personas subalimentadas, es decir, que tienen deficiencias alimentarias y que, por tanto, pasan hambre. La mayoría son niños, y en torno a 25 mil de ellos sufren desnutrición aguda. Esto pese a que los políticos han asumido como tarea los Objetivos de Desarrollo Sostenible impulsados por las Naciones Unidas, de los cuales el segundo se llama simple y sencillamente “Hambre Cero”. Sin embargo, el tema de la subalimentación o desnutrición infantil aguda no se menciona públicamente. Es obligatorio preguntarse, pues, cuál es la razón, porque 25 mil niños desnutridos no es un asunto sin importancia. No faltarán los que aprovechen para despotricar contra los políticos diciendo que son los culpables, además de tildarlos de ignorantes, malvados y egoístas. Pero el problema nos afecta e implica a todos.
En general, no estamos acostumbrados a mirar la pobreza como una violación de derechos humanos. Aunque la Iglesia católica ha repetido muchas veces que es un pecado social, estamos tan acostumbrados a la pobreza y a la explotación de los pobres que nos parece natural. En ocasiones, la gente está tan desesperada ante esa situación —que incluye ver pasar hambre a los hijos— que prefiere aceptar un salario deficiente, o emigrar, o vincularse a cualquier actividad u organización, legal o ilegal, que le dé un poco más de dinero. Mientras, no faltan los empresarios que piensan que, en tanto den trabajo, el salario justo y decente es secundario. Por su lado, para los políticos, los votos son más importantes que la realidad: maquillan sus números para decir que hacen mucho, pero olvidan lo que falta. Y la mayoría de la ciudadanía, preocupada por sus problemas concretos, olvida los de los demás. Así, 25 mil niños con hambre, con desnutrición aguda, quedan ocultos ante nuestros ojos o, lo que es peor, ante nuestras conciencias.
Todos los países tienen heridas y es difícil encontrar uno que pueda decir que no hay injusticias en él. El Salvador las tiene en abundancia. Y quizás por ello solo se dan remedios a medias, para luego decir que se hace algo, aunque no se arregle a fondo nada. Solucionar el problema del hambre es básico, teniendo como prioridad a los niños. Si ahora les dejamos hambrear, ¿tendremos derecho a pedirles cuando sean jóvenes que no entren en las pandillas? El Estado no puede pasar de largo ante situaciones de injusticia y los ciudadanos no podemos quedarnos callados. Defender los derechos humanos es un camino para construir justicia social y convivencia pacífica. Cuando una sociedad no cuida a sus niños, acaba teniendo problemas con los jóvenes y los adultos. El Día Mundial de la Justicia Social debe ayudarnos a pensar con mayor seriedad en el futuro de El Salvador.
