Desplazamiento interno, problemática nacional

El éxodo continuo de nuestros compatriotas, mayoritariamente alejados de sus hogares por la pobreza o por la violencia, nos plantea serios retos. El 18 de diciembre es el Día Internacional del Migrante y malo sería dejarlo pasar sin reflexionar sobre su drama consustancial. La época de Navidad obliga a pensar en los migrantes y desplazados, como migrante y desplazado fue Jesús de Nazaret en su infancia. La eliminación del TPS tiene en crisis y tensión a casi doscientos mil salvadoreños que viven desde hace tiempo en Estados Unidos. Aunque lo ético sería que el Gobierno de Estados Unidos le diera la residencia permanente a este grupo de salvadoreños trabajadores y solidarios, la insensibilidad de Donald Trump y de muchos de sus funcionarios los amenaza. Si al éxodo riesgoso y a la posible expulsión de migrantes le añadimos el drama del desplazamiento interno, cada vez más severo, vemos con mayor facilidad la dimensión de esta crisis humana.

El modo de proceder de las autoridades estadounidenses puede que disminuya o reoriente los flujos migratorios, pero nuestra gente continuará yendo hacia el Norte. El Salvador debe, pues, mejorar su capacidad de proteger a sus migrantes. El flujo de niños y jóvenes por el deseo de reunificación familiar o por el miedo que algunas situaciones sociales infunden exige una política de prevención, acompañamiento y defensa, sobre todo cuando sufren maltrato en los países de tránsito. El hecho de que mucha de nuestra gente se vea impulsada a migrar por la situación de violencia muestra la necesidad de resolver el problema del desplazamiento interno. La negativa de las autoridades salvadoreñas a reconocerlo no hace más que agravar las tendencias migratorias, cada vez más riesgosas.

Recientemente, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos publicó un informe sobre desplazamiento interno. El número de desplazados, fundamentalmente a causa de la violencia, alcanza cifras impresionantes. El Consejo Noruego para los Refugiados habla de 220 mil personas en esa situación en nuestro país. Y la Procuraduría, haciendo cálculos sobre una encuesta del Iudop, los cifra en más de 280 mil para 2016. La crisis humanitaria que estas cifras representan, junto a la insistencia gubernamental en no reconocerla, no solo deja en una enorme vulnerabilidad a las familias afectadas, sino que las empuja a buscar soluciones migratorias cada vez más llenas de peligros.

Reconocer el desplazamiento interno, diseñar y llevar a cabo políticas de protección a quienes lo sufren, y a la vez enfrentar el problema de la violencia desde ángulos y perspectivas diferentes al simple endurecimiento de leyes y acciones policiales son urgencias de primer nivel. Es claro: el desplazamiento interno forzado afecta gravemente a las familias: los niños pierden el año escolar, a los adultos se les complica la actividad laboral, el grupo se empobrece por los múltiples costos de huir sin rumbo fijo. Permanecer indiferentes o inactivos ante ello implica, al final, aumentar los niveles de inseguridad. Y si al desplazamiento interno le sumamos el crecimiento del número de deportados, junto con la posibilidad del retorno de una parte de quienes aún gozan del TPS, las dimensiones de la crisis se perfilan monumentales. Políticas de impulso del empleo en zonas concretas y seguras, control de territorios que puedan recibir a víctimas del desplazamiento forzado o a deportados son elementos básicos de una estrategia estatal más que necesaria. En este sentido, urge reconocer y darle la importancia adecuada a la problemática.