El fin del TPS

Este lunes 8 de enero se hizo oficial la decisión del Gobierno estadounidense de poner fin al TPS que desde 2001 protegía de la deportación a cerca de 200 mil salvadoreños. Una noticia que, aunque esperada y anunciada tanto por expertos en el tema migratorio como por funcionarios norteamericanos, El Salvador no deseaba recibir bajo ninguna condición. A pesar de que el hecho era inevitable, no pocos se negaban a aceptarlo. La notificación oficial sobre la finalización del TPS para los salvadoreños ha consternado al país y a nuestros compatriotas en Estados Unidos, así como a todas aquellas personas que desde distintas plataformas trabajan en pro de los migrantes y de la regularización de su estatus migratorio en la nación del norte. Ni los esfuerzos del Gobierno de El Salvador, ni la posición de la exembajadora María Carmen Aponte, ni la presión de las empresas constructoras que tienen contratados a miles de salvadoreños acogidos al TPS incidieron en la decisión de Donald Trump.

Con todo, el intenso cabildeo del Gobierno, de la mano del canciller Hugo Martínez, si bien no logró que se prorrogara el estatus, posiblemente coadyuvó a que se diera un plazo de 18 meses para que los salvadoreños beneficiarios del TPS regularicen su situación migratoria o, en el peor de los casos, abandonen el país. Este es el mayor plazo que otorgan las leyes estadounidenses, y no le fue concedido a los nicaragüenses cuando se les comunicó el fin del TPS que los amparaba. Ahora, a nuestros compatriotas solo les queda buscar un resquicio legal para gestionar su residencia permanente o esperar a que el Congreso estadounidense apruebe una ley que regularice su situación migratoria; de lo contrario, tendrán que volver a El Salvador a más tardar el 9 de septiembre de 2019.

La decisión de suspender el TPS, ya sea para los salvadoreños o para cualquier otro grupo, no se debe al comportamiento de los Gobiernos de los países de origen, sino a la política antinmigrante de Donald Trump, anunciada con claridad durante su campaña electoral y confirmada desde que llegó a la Casa Blanca. Trump ha tomado medidas antiinmigrantes sin hacer mayores distingos entre nacionalidades. La suspensión del DACA, que permitía la permanencia de jóvenes que crecieron y se formaron en Estados Unidos, y su afán de poner fin a la lotería de visas y a la migración en cadena que facilitaba la reunificación familiar son muestras de su visceral y oportunista antipatía hacia los migrantes. La noticia de que está dispuesto a negociar el futuro de “los soñadores” acogidos al DACA a cambio de que el Congreso apruebe los fondos para la construcción del muro en la frontera con México es la prueba más rotunda del valor que Trump le da al drama de los migrantes: cero, como no sea para utilizarlos como moneda de cambio o para hacer política interna.

En esa línea, la manipulación del tema para atacar al Gobierno del FMLN, una estrategia encabezada por algunos opositores que aspiran a ocupar cargos públicos, incluida la Presidencia de la República, es perversa y contraria a la verdad. El TPS es un programa de carácter humanitario que se creó con el fin de proteger a migrantes indocumentados provenientes de países afectados por conflictos bélicos, desastres naturales u otras condiciones que les impidieran regresar a su patria. Por ende, en 2001, no fue por amistad con el Gobierno de El Salvador que Estados Unidos decidió conceder el TPS a los salvadoreños que ya se encontraban en su territorio, sino por la crisis ocasionada por los terremotos de ese año. Asimismo, la decisión de darle fin nada tiene que ver con el grado de servidumbre o rebeldía de los políticos salvadoreños con la administración estadounidense.

Más allá de oportunismos, toca seguir cabildeando en Estados Unidos por una ley que les otorgue a nuestros migrantes un estatus legal permanente. Pero más necesario es trabajar en El Salvador. El país ha expulsado por décadas a su población porque ha sido incapaz de ofrecer oportunidades de desarrollo a todos. Además, se ha beneficiado de la migración a través de las remesas, que en la actualidad sostienen la economía nacional. Ahora corresponde buscar un camino no solo para acoger con dignidad a los migrantes que retornen, sino también para construir un modelo económico inclusivo, justo, solidario. Apuntar a otra cosa será simple politiquería hipócrita y un nuevo insulto para los tantos miles que huyeron del país en pos de trabajo y seguridad.