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En general, la población aprueba el estado de excepción. Así lo refleja la última encuesta del Iudop, realizada entre el 22 de abril y el 7 de mayo, es decir, cuando la medida rondaba el mes de aplicación. A nivel nacional, el 78.7% de la población percibe que desde que el estado de excepción entró en vigencia, la delincuencia ha disminuido; un 14% cree que sigue igual. En la zona rural, el porcentaje se eleva (81.5%) mientras disminuye en el área urbana (76.8%). La valoración positiva se expresa también en que 58 de cada 100 personas encuestadas creen que la medida es muy efectiva para recuperar los territorios y en que el 66.6% piensa que el país estará mejor si se extiende el estado de excepción. Sin duda, la mayor parte de la gente lo aprueba, como lo refleja la calificación de 7.99 que a nivel de nacional se le da a la medida de imponer el régimen.
Sin embargo, en los resultados de la encuesta hay matices que ponen reparos a una lectura maniquea y simplista de la percepción de la población. Cuando se pregunta a la gente por la delincuencia en su lugar de residencia, las respuestas cambian significativamente. Como se apuntó, el 78.7% considera que el estado de excepción ha disminuido la delincuencia en el país, pero solo el 52.5% afirma lo mismo con respecto a su colonia y el 43.6% cree que la delincuencia sigue igual que antes. Además, es significativo que si bien el 84.4% de las personas afirmó conocer que se aprobó el estado de excepción, más del 40% desconoce las garantías constitucionales que han sido suspendidas. Es gente, pues, que desconoce que hoy ya no se necesita una orden judicial para capturar a alguien, que ningún capturado o capturada tiene derecho a un defensor, que las 72 horas de detención administrativa se han extendido a 15 días y que están anulados el derecho a reunión y la prohibición de escuchar comunicaciones privadas.
Tampoco la calificación que se le da al régimen de excepción es homogénea. Quienes mejor lo valoran viven en el área rural, tienen menor nivel de escolaridad, se informan menos o no conocen a nadie inocente que haya sido capturado. Los que peor lo califican son del área urbana, tienen mayor nivel educativo, se informan más o conocen a alguna persona que fue capturada y creen que es inocente. A nivel nacional, 17 de cada 100 personas (16.8%) dijeron conocer a una persona capturada sin que aparentemente tenga vínculos con las pandillas. Esta relación sube a 23 por cada 100 (22.8%) en el área metropolitana de San Salvador. Casi la mitad de la población, el 48.6%, está en desacuerdo con que las capturas se hagan sin orden judicial; el 46.4% está de acuerdo.
En la zona urbana, la gente tiende a ser más crítica que en el área rural. Por ejemplo, en el campo, el 17.9% de los encuestados cree que la delincuencia bajó porque así lo dicen los anuncios del Gobierno y porque es lo que publican los medios de comunicación. En la zona urbana, el 13.2% piensa así. Por otro lado, dos terceras parte de la población (66%) creen que el estado de excepción es una estrategia de seguridad gubernamental; para una cuarta parte (24.8%), el Gobierno lanzó la medida para mantener una buena imagen. En el área metropolitana de San Salvador, ese porcentaje sube al 26.5%. A nivel nacional, son tres las principales razones que según la gente estuvieron detrás de la ola de homicidios de marzo: una respuesta de los pandilleros al plan de control territorial (33.8%), una demostración de que las pandillas siguen teniendo el control de las localidades (29.2%) y la ruptura de un pacto entre el Gobierno y las pandillas (16.7%).
La investigación del Iudop se desarrolló antes de que el régimen de excepción causara las muchas reacciones de los familiares de los capturados, antes de que afuera de los centros penales se viviera una crisis humanitaria y antes de que se reconfirmara que el Gobierno ha tenido estos años un pacto con las pandillas. Aún queda tela por cortar.
