Nueva propuesta de reforma al sistema de pensiones

La semana pasada, la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones presentó una propuesta para la reforma del sistema de ahorro de pensiones que merece ser estudiada con atención, pues busca ofrecer una solución integral al tema. Lo que se conoce de la propuesta es cómo fue elaborada, quiénes participaron y un resumen de sus principales características. Según se indica, el documento fue formulado después de una amplia consulta y trata de recoger los diez principales aspectos que los consultados señalaron como muy importantes.

De entrada, hay que tener en cuenta que los miembros de la Iniciativa son defensores del sistema privado de pensiones, organizaciones que se han pronunciado repetidamente en contra de un sistema público y de reparto, aduciendo que no es viable ni confiable. Hasta la fecha, tampoco habían aceptado que el modo en que se pasó del sistema público de pensiones al privado es lo que ha generado un grave problema fiscal al Estado, que se profundizará en los próximos años. La Iniciativa reconoce que dejar las cosas como están es insostenible y llevará a una crisis de graves dimensiones. Sin embargo, en el grupo que ha elaborado la propuesta participan Confía y Crecer, y por tanto se asegura la permanencia y los intereses de las AFP. Pese a ello, la reforma planteada tiene aspectos novedosos que podrían generar efectos positivos, tanto para mejorar las pensiones como para aliviar parcialmente la carga fiscal del Estado por el pago de las pensiones del sistema público y de los que optaron voluntariamente por el sistema privado.

Es bueno que la propuesta plantee, primero, que la pensión será vitalicia y que mantendrá el mismo monto desde que se comience a recibir hasta el fallecimiento del jubilado. Segundo, que sea el sistema el que cargue con todos los gastos relativos a las pensiones, por lo que el Estado ya no tendría que pagar las pensiones de los optados ni hacerse cargo de la pensión mínima al agotarse el fondo. Tercero, que se incentive al cotizante a retrasar su edad de jubilación, permitiendo un mayor ahorro y, por tanto, una mejor pensión. Cuarto, que una parte de la cotización se destine a un fondo de reserva, lo que permitiría cierta solidaridad entre los cotizantes. Y quinto, que se asegure seguir adscrito al ISSS a todo aquel que ha cotizado un mínimo de diez años y así pueda recibir atención médica en su vejez.

Lo que no queda claro es cómo se generarán los fondos para financiar todos esos beneficios. Es cierto que se propone incrementar la cotización del 13% al 15% y obtener mayores rentabilidades eliminando las restricciones a las inversiones con los fondos ahorrados por los trabajadores, pero el resultado de ello es incierto. De hecho, no es fácil sostener que mejorarán las pensiones si del 15% de cotización solo el 8% irá a la cuenta de ahorro del trabajador, cuando ahora ingresa el 10.8% de lo cotizado. Además, no se dice cómo se calculará el monto de la pensión en base al salario recibido ni cuál deberá ser la tasa de interés mínima que produzcan los fondos ahorrados para que las pensiones suban y sean vitalicias. Estos aspectos deben ser aclarados con números reales para que se pueda tomar posición definitiva sobre la propuesta.

Por otra parte, llama poderosamente la atención la fuerte insistencia en que la propuesta es integral y que no debe ser modificada en ningún aspecto si se quiere que cumpla con su propósito: ofrecer una solución al actual problema previsional y fiscal. A nuestro juicio, a la propuesta se le pueden y deben hacer modificaciones, las cuales no afectarían en nada la integridad de la solución al problema; por el contrario, la fortalecerían y supondrían una mejora importante en la pensión que recibirían los pensionados. En concreto, la comisión que reciben las AFP por administrar los fondos debe bajar al 0.5%, lo que todavía generaría ganancias para las empresas y tendría un impacto muy grande en el monto ahorrado por cada trabajador. En lugar de contratar a una compañía de seguros para el seguro de invalidez y sobrevivencia, es mejor crear una reserva especial para tal fin, destinando como máximo el mismo porcentaje que hoy se paga por el seguro; los excedentes de la reserva servirían para incrementar bianualmente las pensiones. Y finalmente, debe aumentarse gradualmente la edad de jubilación a los 65 años, tanto para hombres como para mujeres, y prohibir seguir trabajando después de pensionarse.

Aunque esto último sería muy antipopular, es absolutamente necesario. No hacerlo sería engañar a la gente y negarle una mejor pensión en la vejez. También hay que notar que la propuesta de reforma tiene algunas medidas más populistas que eficaces, como la entrega anticipada y parcial de una parte del fondo ahorrado, o la entrega total a los enfermos terminales. Con todo, por primera vez se cuenta con una propuesta de reforma que tiene en cuenta los principales problemas del sistema de pensiones. A partir de ella puede iniciarse una fructífera discusión para encontrar una solución a un sistema que no asegura una pensión suficiente y que supone una carga demasiado onerosa para las finanzas públicas.