Palabras prohibidas

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Editorial UCA
12/02/2018

En algunos ambientes, las personas se preocupan por no decir las llamadas “malas palabras”, aunque las palabras nunca son malas en sí mismas; solamente la intención de quien las profiere las puede hacer hirientes u ofensivas. Al respecto, vale la pena hacer una reflexión sobre el uso o el desuso de ciertas palabras en política. Los miembros de la Asamblea Legislativa y los candidatos a diputado no suelen decir malas palabras cuando hablan, debaten o hacen propaganda en público. Y si a alguno se le escapa una, las críticas de los opositores abundan. Por supuesto, se dan más libertad verbal cuando están en privado.

Pero además de callarse las malas palabras, los diputados y candidatos a la Asamblea silencian otras, como si las tuvieran prohibidas. “Desigualdad”, “pobreza”, “derechos humanos”, “injusticia social” son términos que han ido desapareciendo del debate político y, aún más, de la propaganda electoral, pese a que son necesarios e indispensables para que la política sea decente en El Salvador. Porque la desigualdad, la pobreza, la violación a los derechos humanos y la injusticia social son en nuestra sociedad verdaderas plagas. ¿Queremos vivir y convivir con ellas eternamente? El silencio de los políticos sobre estos temas hace pensar que están tan acostumbrados a la situación de injusticia existente que solo les preocupa hacer pequeños retoques en esta realidad miserable.

Arena cree que si los ricos lo son cada vez más los problemas irán desapareciendo. “Injusticia”, “desigualdad” y “derechos humanos” le parecen palabras peligrosas. En particular, los derechos humanos, uno de los grandes logros de la humanidad y de los sistemas democráticos, los entiende como un tema de izquierdas y un instrumento para hacer política. Al FMLN, que cuando está en la oposición le gusta hablar sobre la cuestión, el poder le vuelve reactivo a ese lenguaje. Cuando se critica al Gobierno del FMLN por violaciones a derechos humanos, sus militantes suelen responder que nunca nadie ha hecho tanto como ellos, cuando en realidad han hecho muy poco. En la práctica, sus diferencias con Arena son pocas.

De haber estado en el poder, los miembros de Arena habrían reaccionado con su típico lenguaje descalificativo, nacionalista y cavernario ante los recientes informes de los relatores de la ONU sobre la situación en El Salvador. El FMLN ha dicho que los relatores se equivocan. Y, por supuesto, los legisladores continúan tranquilos asegurando que hay que prolongar las medidas extraordinarias aplicadas a las cárceles, aunque dichas medidas, duramente criticadas por los relatores, hayan convertido las prisiones en sitios con condiciones propias de campos de concentración nazis o soviéticos. En última instancia, tanto Arena como el FMLN evitan a toda costa usar palabras que comprometen cuando estas muestran realidades injustas.

En el debate parlamentario y electoral, las palabras “justicia social”, “derechos humanos”, “desigualdad” y “pobreza” no deberían estar prohibidas. Los diputados y los partidos dirán que no lo están, pero no quieren ni se atreven a ponerlas en el centro de la mesa. Escuchar las simplezas y el vacío con que se expresan algunos precandidatos presidenciales, muy semejantes al discurso de los diputados, hace prever años de lucha difíciles. En realidad, el miedo de los poderosos a hablar de los derechos de los débiles se reviste siempre de mentiras, unidas a un abusivo uso del poder político, mediático y, en caso de necesidad, represivo. Los que excluyen palabras estructuralmente necesarias en el lenguaje social y político solamente quieren, en el fondo, una cosa: excluir a los pobres y a los vulnerables del futuro del país.

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