Para una verdadera paz

La historia de El Salvador ha estado marcada por la ausencia de paz y las consecuentes inseguridad y violencia. Desde formas de violencia muy visibles, como la ejercida por el Estado para reprimir a los ciudadanos en defensa de los intereses de diversos grupos de poder antes y durante la guerra civil, y la que las pandillas aplican en los territorios que dominan, hasta otras más sutiles y no tan evidentes, como la violencia estructural, que ha mantenido el status quo de una sociedad fundada en la injusticia y la desigualdad, condenando a la pobreza a la mitad de su gente.

En el último lustro, la población salvadoreña ha manifestado constantemente que la violencia, la inseguridad y la criminalidad constituyen uno de los principales problemas del país, junto al desempleo, la economía y el alto costo de la vida. Los largos años de inseguridad y de violencia en las calles, en los barrios y en el transporte colectivo; las muchas vidas destruidas por el crimen; las tantas ilusiones y sueños frustrados han hecho que vivir en el país sea una especie de infierno para una importante parte de los salvadoreños. Demasiados de ellos, además de sufrir diversas carencias, han tenido que soportar una violencia, tanto estructural como criminal, que les ha empobrecido aún más, les ha obligado a abandonar sus hogares y los ha estigmatizado por habitar en lugares con presencia de pandillas.

No es de extrañar que ante esta situación se acepte sin mayor reparo la imposición de un estado de excepción que, según las autoridades, permitiría perseguir y erradicar a los grupos delincuenciales, y poner fin de una vez por todas a la violencia, devolviendo la seguridad a la población, aunque ello suponga la limitación de los derechos constitucionales. Pero no hay que llamarse a engaño: por ese camino no se logrará la paz y la seguridad anheladas. En su encíclica Paz en la tierra, el papa Juan XXIII afirma que la paz verdadera solo es posible si se “funda en la verdad, la justicia, el amor y la libertad”. No habrá paz, pues, mientras se violen los derechos a la vida, a la integridad personal, a disponer de los medios necesarios para vivir con dignidad. No habrá paz sin el debido respeto a las personas, sin posibilidad de acceder a la verdad, sin derecho a manifestarse y expresar opiniones libremente, sin acceso a la información de los asuntos públicos. No habrá paz si no se facilita a toda persona la posibilidad de trabajar y recibir un salario justo, si se anula el derecho a legítima defensa, si la justicia avala arbitrariedades y abusos.

Basta analizar la realidad que vive gran parte de la sociedad salvadoreña para concluir que el país está lejos de tener aquello que el papa Juan XXIII señalaba como necesario para lograr la paz. Más bien, en cuestión de derechos humanos y calidad de vida se han dado retrocesos significativos en los últimos años. Retrocesos que, al darle nuevas alas a la violencia estructural, están sentando las bases para la profundización de la inseguridad y el fortalecimiento de la cultura de la violencia.