Es normal que después de unas elecciones el partido perdedor se recomponga internamente y que el ganador se envalentone por sus resultados. En el caso de Arena, ante el número de diputados y alcaldías que obtuvo en estos comicios, las condiciones le son secundarias, no parece importarle que su caudal de votos haya disminuido con respecto a las elecciones de 2015, que la afluencia de votantes haya sido pírrica o que se haya roto el record de votos nulos. En el FMLN ha comenzado la búsqueda de culpables. Ya hay quienes, lavándose las manos, apuntan a razones externas para justificar la derrota. Los más autocríticos, que emergen como si acabaran de enterarse de la dinámica partidaria, señalan los errores cometidos internamente y sus responsables, ya sea por acción o por omisión.
En realidad, ni las victorias ni las derrotas electorales son producto de una única causa. Y en algunas ocasiones, las causas de la derrota de unos son las mismas que las de la victoria de los otros. Dicho eso, es pertinente apuntar cinco posibles causas de lo que sucedió en estas elecciones.
En primer lugar, el distanciamiento del Gobierno y el FMLN de las necesidades de la población. Desde hace más de dos años, organizaciones sociales, algunas históricamente ligadas al partido, señalan este alejamiento sin lograr mayor reacción. El partido que antes consultaba a su militancia para tomar decisiones se convirtió al llegar al poder en la cúpula que “baja línea” a sus bases. Las encuestas de opinión también mostraron esa separación, pero algunos altos funcionarios, en lugar de poner atención a los datos, la emprendieron contra las encuestadoras. Una de las más claras expresiones de esa separación fue la plataforma legislativa propuesta. No es que esté mal proponer, por ejemplo, una democracia participativa con herramientas como la consulta popular, pero fue un desacierto llevarla como principal bandera de campaña cuando la gente está agobiada por la inseguridad y cuando al interior del partido la democracia participativa es una quimera.
En segundo lugar, una política de seguridad fracasada. Se ha dicho hasta la saciedad que la represión no es salida para la crisis de violencia, sino más bien parte del círculo vicioso en el que está atrapado el país. El Gobierno ha demostrado no tener más política de seguridad que las medidas extraordinarias, las cuales no han rendido los resultados esperados y, peor aún, han redundado en la violación de los derechos humanos de mucha gente. Las encuestas del Iudop revelan que este fracaso es la principal razón de la opinión desfavorable de la población sobre el desempeño del Gobierno.
Tercero, la crisis económica. Ni la administración de Mauricio Funes ni la de Sánchez Cerén se animaron a tocar las medidas neoliberales que están a la base de la crítica situación de la economía nacional. Tampoco a implementar la tan necesaria como postergada reforma fiscal progresiva. Al contrario, algunas medidas económicas en el terreno de los impuestos afectaron directamente a muchas familias de ingresos medio y bajo. Mientras el partido de gobierno se obsesionó por hacer dinero con sus empresas bajo la premisa de que no se le puede disputar el poder político a la derecha sin poseer poder económico, la población vio cómo se marchitaban sus expectativas de una mejora en sus condiciones de vida. Si alta fue la expectativa de cambio, grande fue la decepción de no ver cumplida esa promesa.
En cuarto lugar, la tolerancia a casos de corrupción. Que el Gobierno haya protegido a algunos de sus funcionarios señalados de irregularidades quedó grabado en la memoria de la población. No se puede promover el combate a la corrupción cuando no se da ejemplo. Los casos que fueron ventilados por los grandes medios de comunicación, aunque no fueron muchos, mandaron el mensaje de que la corrupción no es patrimonio de los partidos de derecha. Además, el estilo de vida de los funcionarios y diputados del FMLN (carros de lujo, trajes, viajes) dejó claro que el poder corrompe a cualquiera y los puso al mismo nivel de los políticos tradicionales.
Y en quinto lugar, el privilegiar la fidelidad partidaria sobre la capacidad. El mérito, anunciado en 2009 como el principal criterio para desempeñar un cargo público, nunca llegó a ser una marca identitaria de los Gobiernos del FMLN. Especialmente en las instancias públicas puestas bajo la responsabilidad de militantes no preparados para el cargo, el trato verticalista y autoritario al personal fue otro de factor de desafección. Ordenar la participación en actividades partidistas provocó que muchos empleados gubernamentales no favorecieran con su voto al FMLN.
Luego de las elecciones, una pregunta queda en el aire: ¿tiene el FMLN la capacidad de reconocer y rectificar los yerros? De cómo el partido conteste esa pregunta, con hechos, no con palabras, dependerá si el castigo que ha sufrido se repite en 2019 y si con ello emprende el camino hacia la irrelevancia política.