Sobre la problemática del transporte público

El paro parcial del transporte público amerita una reflexión sobre el sector, que desde hace muchos años muestra una serie de problemas graves. En primer lugar, es un servicio público de gestión privada con poca exigencia estatal al concesionario. Y en Gobiernos anteriores, la corrupción era la dinámica cotidiana en el Viceministerio de Transporte sin que hubiese investigación o castigo. Así, corrupción y poca exigencia a los transportistas han sido costumbres hasta hace relativamente poco tiempo. Ello explica que sigamos viendo autobuses viejos en las calles, algunos auténticas carcachas. Además, el comportamiento de una parte significativa de los conductores es con frecuencia agresivo y temerario. Sigue presente en la memoria de muchos el recuerdo del chofer que atropelló y mató a la mujer que intentó detener el bus, luego de que este golpeara su vehículo. Aunque ha mejorado el control de los conductores, el número de accidentes provocado por autobuses en mal estado es todavía demasiado alto. Tenemos, pues, un servicio de transporte público deficiente, y eso es innegable.

Un sistema de transporte, además, subsidiado parcialmente por el Estado, lo que supone una forma indirecta de financiar los bajos salarios y la vulnerabilidad ocupacional de los salvadoreños que trabajan en el sector. Sin embargo, se da la circunstancia de que el Estado que financia tiene muy poco poder sobre el negocio financiado. Las asociaciones de dueños de autobuses pueden paralizar el país para hacerse oír, y así ejercen su poder. En tiempos del presidente Francisco Flores, en el más clásico estilo arenero, se intentó hacer un negocio casi monopólico con la venta de autobuses a los participantes en esta especie de asocio público-privado. En respuesta, los transportistas paralizaron casi totalmente el país y Flores tuvo que dar marcha atrás.

Por si esto fuera poco, las pandillas han hecho del transporte público uno de sus objetivos preferenciales a la hora de cobrar renta. Y al contrario de la extorsión típica del crimen organizado, que supuestamente da seguridad a cambio de un pago mensual forzoso, la renta es un problema para las unidades de transporte que recorren zonas controladas por diferentes maras. Los asaltos, robos y tiroteos dentro de buses y microbuses son frecuentes. De hecho, cuando en las encuestas se le pregunta a la población dónde se siente más insegura, la respuesta más repetida es “en el autobús”. A todo esto se ha sumado el asesinato de motoristas. El domingo pasado, los periódicos informaban que el número de homicidios de choferes se ha duplicado en lo que va del año, llegando a 47 el número de muertos. El lunes se añadieron cinco homicidios más a esa cifra trágica; asesinatos de personas honradas que daban un servicio indispensable a la gente trabajadora.

Frente a esta situación es necesario racionalizar, proteger y establecer un plan urgente que ofrezca seguridad en el transporte público. Rutas seguras, autobuses de calidad, puntos de control de armas, creación de una brigada especial de la PNC dedicada a la persecución de las extorsiones contra el sector, establecimiento de un sistema de alerta que permita una acción rápida y eficaz de la Policía son tareas pendientes que deben operativizarse de inmediato. Luego debe repensarse el tema del transporte en su conjunto y buscar formas de ofrecerle al pueblo salvadoreño un medio de movilización seguro y digno, en el cual el riesgo y el miedo no sean factores permanentes de preocupación. El transporte es un bien necesario para todos y debe, por tanto, responder adecuadamente a la dignidad de la persona. Para ello, el paso mínimo indispensable es que sea seguro.