El pesimismo, como estado de ánimo y actitud ante la vida, es “la propensión a ver y juzgar las cosas en su aspecto más desfavorable”. Como doctrina filosófica, el pesimismo insiste también en los aspectos negativos de la realidad y el predominio del mal sobre el bien. Desde la psicología, puede ser un síntoma de depresión. ¿La sociedad salvadoreña padece de pesimismo en cualquiera de los sentidos anteriores o simplemente es realista ante la situación del país? Algo que destaca en la encuesta del Iudop sobre la evaluación de 2017 es la visión crítica —por no decir negativa— de los salvadoreños sobre prácticamente todas las dimensiones de la vida nacional. Según la opinión de la mayoría de los consultados, estamos peor que hace un año o, en el mejor de los casos, igual; es decir, no hemos mejorado nada. Asimismo, en lo que toca a la pobreza, la delincuencia, la situación económica o los derechos humanos, la población percibe que no hay avance.
Esta valoración negativa le pasa factura al Gobierno. 67 de cada 100 personas piensan que el Presidente está gobernando mal y 66 que no combate suficientemente la corrupción. Especialmente crítica es la percepción ciudadana sobre la actual política de seguridad: un 77% opina que esta reduce poco o nada la delincuencia Además, 64 de cada 100 afirma que la Policía viola los derechos humanos cuando aplica las medidas extraordinarias. Esta negativa percepción sobre el desempeño gubernamental se expresa diáfanamente en la nota de 4.57 que le adjudica la población, la calificación más baja que se registra en las encuestas de la UCA desde el año 2000. Pero el Gobierno central no está solo en esto.
La encuesta también revela una erosión de la confianza ciudadana en la institucionalidad del país. De 15 instituciones evaluadas, las Iglesias católicas y evangélica siguen siendo las mejor calificadas, pero con menores porcentajes que en años anteriores. Preocupante es que los partidos políticos, la Asamblea Legislativa, el Tribunal Supremo Electoral, el Gobierno y la Corte Suprema de Justicia (es decir, cinco de las instancias fundamentales de la democracia) encabecen, en ese orden, la lista de las instituciones en las que menos confía la población. Por otra parte, lo que sobresale de cara a las elecciones del 4 de marzo es la apatía. El 77% de los consultados dice tener poca o ninguna confianza en el proceso electoral, el 67.4% afirma que tiene poco o ningún interés en la campaña y el 60% declara poco o ningún interés en ir a votar. De mantenerse este panorama hasta marzo, será el voto duro de los partidos mayoritarios, es decir, aquellas personas que votan por la bandera independientemente de la calidad de los candidatos y los programas, los que decidirán los resultados electorales. Y esto le conviene a Arena y al FMLN, pero no al país.
La última encuesta del Iudop debería servir como insumo para los actores sociales en general, pero especialmente para los partidos políticos. Ciertamente, una encuesta mide percepciones, subjetividades, no la realidad objetiva, como acusan los políticos cuando los resultados de un sondeo de opinión no les favorece. Sin embargo, una encuesta revela lo que la gente piensa, y eso que piensa condiciona su actuación, como por ejemplo cuando ejerce el voto. En este contexto de incertidumbre y pesimismo, el reto es sembrar esperanza a través de proyectos colectivos que permitan volver a creer, volver a confiar. Ojalá lo entiendan y asuman los partidos y personas que pretenden representarnos en el manejo de la cosa pública.