Vivienda, un lujo inalcanzable para la mayoría

La última Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, realizada en 2022, muestra que en el 52.5% de los hogares salvadoreños del área rural se vive en hacinamiento y que en el área urbana esa condición alcanza al 31% de los hogares. Según la misma fuente, “el hacinamiento es un indicador básico para evaluar la calidad de vida en los hogares ya que, cuando un hogar se encuentra en esta condición, sus miembros presentan mayor riesgo de sufrir ciertas problemáticas como violencia doméstica, desintegración familiar, abusos, violencia sexual, bajo rendimiento escolar, entre otros”.

La situación es, pues, muy preocupante, pero se vuelve escandalosa al tomar en cuenta la proliferación de complejos habitacionales metropolitanos con viviendas que superan los 100 metros cuadrados y que disponen de áreas verdes y espacios recreativos. Comprar una casa en una de esas residenciales escapa a las posibilidades económicas de la mayoría de las familias salvadoreñas. En las últimas dos décadas, los precios de las viviendas han sufrido un elevado incremento que no se corresponde con el aumento del costo de la vida ni con la capacidad adquisitiva de la población. Esto ha convertido a la construcción y promoción de viviendas en uno de los negocios más rentables a nivel nacional, y ha restringido el acceso a la vivienda a una minoría privilegiada.

Hasta ahora, las intervenciones gubernamentales en el tema de la vivienda y el hábitat distan mucho de lo que requiere El Salvador; las memorias de labores del Ministerio de Vivienda muestran resultados insuficientes respecto a las necesidades. La mayor inversión oficial es la dedicada a préstamos para adquisición de vivienda, pero que solo son accesibles para familias con un empleo formal y a tasas de interés muy similares a las de las instituciones bancarias. En el último año, el Ministerio de Vivienda ha entregado 28 apartamentos en San Martín, 12 viviendas en La Libertad, un subsidio de 304,350 dólares para la construcción de 104 viviendas en ayuda mutua y 84 paquetes de mejora de vivienda para igual número de familias.

Cuatro años después de la toma de posesión del actual Gobierno y de la creación del Ministerio de Vivienda, la inversión en este rubro, sin la cartera de préstamos, es anecdótica y no ha logrado cambios significativos en el lamentable estado de la vivienda en El Salvador. Ante una realidad tan crítica, a la que se añade que el 48% de los hogares habita en vivienda ajena, se requiere de un plan de emergencia a nivel nacional que reduzca el déficit habitacional y el hacinamiento, y que amplíe el acceso a una vivienda digna para los sectores populares. Una acción de este tipo no se ha visto en el país desde las décadas de 1950 y 1960, cuando se realizaron las mayores inversiones en vivienda popular de la historia nacional.

Es mucho lo que falta por hacer en materia de vivienda y hábitat para el bienestar a la población, especialmente del 50% que vive en hogares con importantes déficits. El enfoque no puede ser el del libre juego del mercado, pues este se ha mostrado feroz, sin alma y excluyente. Es el Estado el que tiene el deber de velar por la calidad de vida de la población más vulnerable y desfavorecida. El artículo 119 de la Constitución declara de interés social la construcción de viviendas y afirma que el Estado procurará que el mayor número de familias sean propietaria de una. Al día de hoy, adquirir una casa o un apartamento es un sueño irrealizable para la mayoría de la población.