Situación socioeconómica en el segundo semestre de 2016

El Departamento de Economía publicó su tercer análisis socioeconómico de El Salvador, correspondiente a la segunda mitad del año pasado. Entre los temas analizados destacan el trabajo y la capacidad adquisitiva; la caracterización del empleo agropecuario; la desigualdad; la política fiscal; y las pensiones.

Respecto a la situación laboral, Mario Montesino, jefe del Departamento, indica que el estudio “comprueba que el mercado de trabajo de El Salvador tiene una profunda incapacidad de absorción de la población trabajadora y muestra una elevada precariedad, que se expresa en el 50% de la población ocupada en el sector informal y en el tercio de la población que está subempleada”. Sobre el tema de los salarios, Montesino asegura que “siguen siendo bajos e insuficientes”, a pesar del aumento que se aplicó en 2016.

Otra de las líneas de análisis en la investigación es la desigualdad. De acuerdo al economista, esta ha aumentado en los últimos 32 años, tal como se refleja en la proporción del índice de Theil (mide y compara la distribución de la renta), que pasó de un 45% en 1985 al 55% en 2015. Estas cifras contrastan con los datos oficiales, que sostienen que en 1985 el índice de Theil era del 41% y que en 2015 habría bajado a 27%. Sobre esta discrepancia, Montesino afirma que “el informe del Departamento de Economía […] toma en cuenta a los sectores más acaudalados, que no están incluidos en informes oficiales”.

En el tema de la deuda previsional, el estudio destaca que la reforma al sistema de pensiones de 1998 se ejecutó sin considerar las reducidas reservas técnicas y la debilidad de las cuentas del Estado, y sin un plan fiscal estratégico para enfrentar las consecuencias de la reforma.

En esta línea, Saira Barrera, catedrática del Departamento, explica que en el informe se insiste en que las propuestas de reforma al sistema de pensiones presentadas, a excepción de la elaborada por las organizaciones de trabajadores y sindicatos, “están inspiradas en la urgencia de solucionar el problema de caja y la emergencia fiscal”. Esto, para Barrera, es “lamentable”, porque “el derecho a una vida digna y plena en la vejez está supeditado a lo que permitan las condiciones financieras y fiscales”.

“La manzana de la discordia” en esta cuestión, señaló la coautora del estudio, es el manejo de los fondos millonarios que provienen del ahorro de los trabajadores cotizantes. “Obviamente, las AFP no quieren perder esta administración, porque, dentro de las actividades financieras, el manejo del fondo de pensiones es tres veces más rentable que la banca comercial y cuatro veces más rentable que la banca cooperativa”. Por esto, explica, “es entendible que en sus argumentos [las AFP] solo hacen referencia a que están cuidando a los trabajadores de una posible confiscación. Y es que la propiedad sobre los ahorros ha sido la consigna que impide evaluar y valorar reformas al sistema de pensiones que tengan como componente principal el cumplimiento del derecho a una vida digna en la vejez”.

Otro elemento importante que se aborda en el documento respecto al sistema previsional es la solidaridad. La economista dice que esta es clave, porque tiene que ver con el cumplimiento del derecho a una pensión para el 75% de la población económicamente activa que no está cotizando a ningún sistema de ahorro de pensiones. “Hasta ahora ha primado el enfoque del derecho del cliente de las AFP. Pero a nivel del país, solo 25 de cada 100 personas económicamente activas son clientes de las AFP”.

De acuerdo a Barrera, si bien la situación de los actuales cotizantes no es la mejor, pues el monto de pensión es bajo y los fondos de la cuenta individual se agotan rápidamente, “no se puede olvidar a las otras 75 personas. Hay un problema de cobertura y no hay propuestas serias en línea a ampliarla. Estas debilidades es importante tomarlas en cuenta, porque de lo contrario se aprobarían reformas que desahogarían la situación fiscal del país, pero dejarían a los trabajadores sin el cumplimiento de un derecho fundamental que el Estado es responsable de tutelar”.

Los resultados del estudio se presentaron en una conferencia de prensa realizada el 17 de agosto; y en un foro público, el 21 de agosto en el Auditorio “Segundo Montes, S.J.”.

ARCHIVOS RELACIONADOS

Presentación pública: Mario Zetino

Presentación pública: Mario Montesino

Presentación pública: Meraris López

Presentación pública: César Sánchez

Presentación pública: Francisco Lazo

Preguntas y comentarios

Presentación del Análisis Socieonómico de El Salvador, segundo semestre de 2016