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Desde Victoria, Cabañas, se recorre más de media hora hasta llegar a Santa Marta. Durante el camino, la larga calle de tierra y piedras, poco a poco, se va transformando: en los alrededores ya no solo hay montañas y árboles, sino también casas, una escuela y cada vez se ven más rostros de campesinos, niños, mujeres, ancianos. El trayecto es muy similar a su historia: larga y con obstáculos.
A inicios de los ochenta, Cabañas fue uno de los departamentos más golpeados por el conflicto armado, específicamente por las constantes masacres y operativos militares que realizó el Ejército en la zona. Presionada y agobiada por esta situación, en 1981, la comunidad de Santa Marta tuvo que huir. En el marcha hacia el refugio de Mesa Grande, en Honduras, murieron muchos, cientos. Con bombas y ráfagas de ametralladora, desde helicópteros y aviones, los soldados los acorralaban, para evitar a toda costa que llegaran al río Lempa y cruzaran la frontera.
Por casi diez años, los pobladores de Santa Marta vivieron en el exilio, como refugiados de guerra. Sin embargo, fuera de su tierra, continuaron unidos. A finales de la década, en 1987, empezaron a retornar al país los primeros miembros de la comunidad. Poco a poco fueron regresando hasta repoblar la zona. Desde entonces trabajan organizados por el desarrollo social y económico de Santa Marta; ejecutan proyectos que permiten la formación de niños y jóvenes, y promueven la cultura y la memoria histórica.
La comunidad sigue adelante, pero lo sufrido en esos años de la guerra civil aflora fácilmente en los rostros de los sobrevivientes al relatar lo sucedido, quienes llevan más de 30 años esperando justicia.
Escuchar y recomponer la memoria histórica
El silencio impuesto a las víctimas de Santa Marta es el mismo que han sufrido muchas comunidades del país; con la ley de amnistía general, aprobada en 1993, se institucionalizó la impunidad.
Frente a esto, la UCA, a través del Idhuca, impulsa desde 2009 la justicia restaurativa, cuyo énfasis no está en el encarcelamiento de los victimarios, sino en la reparación de los daños causados y en que las partes se involucren en el proceso. Además, le exige al Estado que se implique decididamente —mediante políticas públicas— en la reconciliación de la sociedad.
Para alcanzar este tipo de justicia nace el Tribunal Internacional para la Aplicación de la Justicia Restaurativa en El Salvador. Siendo una instancia simbólica, las sentencias simplemente restauran a las víctimas, reconfirmando desde la legislación internacional el derecho de estas a la verdad y a recuperar su dignidad. Este año, en el marco del Festival Verdad 2014, el Tribunal se realizó en Santa Marta, del 26 al 28 de marzo.
Durante las sesiones, sobrevivientes de las masacres ocurridas en esta comunidad, familiares de las víctimas y testigos de crímenes contra civiles contaron sus historias. Marina Hernández, presidenta de la cooperativa de Santa Marta, en nombre de las víctimas del poblado, pidió "que se investigue a los actores materiales e intelectuales de los crímenes para que se les aplique la justicia. Justicia que ha sido negada por el Gobierno, porque la ley de amnistía anuló la posibilidad de investigar".
Este año, participaron como juristas José María Tomás y Tío (magistrado y presidente de la Fundación por la Justicia de Valencia, España) y José Ramón Juániz (abogado y miembro de la Asociación de Juristas Demócratas de Valencia); las brasileñas Carol Proner (doctora en Derecho Internacional por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España, y coordinadora del Programa de Derechos Fundamentales y la Democracia de UniBrasil) y Suelli Aparecida Bellato (abogada y vicepresidenta de la Comisión de Amnistía de Brasil); Belisario dos Santos (exsecretario de Justicia y Defensa de la Ciudadanía del Estado de São Paulo y miembro de la Comisión Internacional de Juristas de Brasil); la estadounidense Angelina Snodgrass Godoy (socióloga y catedrática de la Universidad de Washington en Seattle, Estados Unidos); y la abogada salvadoreña Paula Cuéllar.
José María Tomás y Tío explicó a los pobladores de Santa Marta que "el Tribunal viene a escucharles, viene a intentar recomponer esa memoria de lo que han sufrido, a acariciarles en su dolor, porque ustedes nos dan esperanza", pues "han sido capaces de resistir a pesar de las estructuras de desprecio que aún tienen que soportar. Ustedes son la mejor prueba de que la justicia les pertenece".
"Vimos el infierno"
Fotografías de los refugios en Honduras, nombres de víctimas tallados en madera y dos grandes pinturas que narran la historia de la comunidad adornan la casa comunal de Santa Marta. En ella, y frente a más de doscientas personas, inició el Tribunal.
Adela Escobar Hernández y María Juana Laínez Rodríguez pidieron declarar juntas, a fin de unir fuerzas para poder relatar lo que sucedió la mañana del 19 de junio de 1980. Ambas sobrevivieron a la masacre en Los Planes, también conocida como la "masacre del Picacho".
Cerca de las siete de la mañana de ese día se escucharon los primeros disparos, que solo cesaron hasta alrededor de las cinco de la tarde. Adela y María Juana fueron de las pocas personas que decidieron no subir al Picacho ese día, y fue eso lo que les salvó la vida. "Para mí es duro recordar, pero lo hago para que esto no quede en el olvido, para que esto salga a la luz", dijo Adela, con la voz entrecortada y un pañuelo blanco entre las manos. En ese lugar mataron a su madre y a sus tres hermanos.
A la mañana siguiente, las dos subieron a Los Planes para reconocer a los muertos. "Cuando llegué al Picacho solamente había dos personas, y con ellos empezamos a buscar a la gente (...) Recuerdo, como si fuera ayer, que queríamos llorar, pero nos dijeron que no era el momento (...) Yo vi que Adela solo se sobaba el pecho y, entonces, nos quedamos queditas", contó María Juana.
Ese mismo silencio, dolor y miedo también lo vivieron, un año después, María Orbelina López, Mercedes Méndez y Philipe Bourgois al huir de otro ataque militar, ocurrido el 11 de noviembre de 1981. En la madrugada de ese día, un poblador de Santa Marta avisó a la comunidad que se acercaban helicópteros y aviones del Ejército. La advertencia llegó casi al mismo tiempo que las bombas. Cerca de mil campesinos se reunieron y huyeron de sus casas para intentar salvar sus vidas. Andaban en grupo, entre cerros y quebradas, tratando de esconderse "en la noche oscura, sin platicar, sin alumbrar, cayéndonos y con los niños llorando", dijo María Orbelina.
La idea era salir del cerco militar, pero no había escapatoria: 1,500 efectivos se encontraban desplegados en la zona; la Fuerza Área de El Salvador, desde helicópteros y aviones, disparaba ráfagas de ametralladora y arrojaba bombas de hasta 500 libras; y en la frontera, al otro de lado del río Lempa, soldados hondureños armados bloqueaban el paso hacia los refugios Mesa Grande y Virtud. Era un operativo de "tierra arrasada", el cual duraría nueve días.
A lo largo de esos días, recuerda María Orbelina, "nuestras casas eran las ramas de los árboles y las cuevas". "Corríamos de noche y nos escondíamos de día (...), comíamos frutas en los árboles, chayote, lo que fuera", relató el estadounidense Philipe Bourgois, quien en ese entonces era estudiante de antropología y quedó atrapado en la zona mientras realizaba una investigación para su tesis sobre la situación de los campesinos en la zona de conflicto armado y en los refugios hondureños.
La masacre de Santa Cruz ocurrió en la cuarta noche de la invasión militar. "Rompimos cerco. Eso era correr lo más rápido que uno podía a través de las balas", contó Bourgois. Cruzaron el río Copinola y llegaron a Santa Cruz. Cerca de la escuela había una ametralladora: "Era una M-60 inmensa, esa tiraba sobre el camino que teníamos que correr".
Todos empezaron a correr como en fila india, pasando uno por uno. "No hallábamos cómo hacer; morterazos de un lado y del otro (...). Por la voluntad de Dios, no nos terminaron", narró Mercedes Méndez, quien sufrió un impacto de bala en la boca que le destruyó las encías, los dientes, la mejilla y el paladar.
El camino era estrecho, empedrado y cercado. María Orbelina contó que en el trayecto "iban cayendo baleados niños, mujeres, hombres, y la gente iba pasando y pasando, el que se podía levantar, seguía y el que no, allí quedaba". Y es que los soldados "tiraban a cualquier señal de vida, querían aniquilar cualquier cosa que vivía", dijo Bourgois.
En el "el paso de Santa Cruz", como le llaman los sobrevivientes, murieron cientos. El caso nunca ha sido investigado, por lo que no se cuenta con una cifra oficial de víctimas. Los testigos recuerdan cientos de cadáveres, que luego fueron agrupados y quemados por los soldados."Nosotros vimos el infierno", cerró entre lágrimas María Orbelina.
Por la reivindicación de las víctimas
Además de los relatos de las masacres en Los Planes y en Santa Cruz, también se presentaron testimonios de ejecuciones sumarias, torturas y masacres ocurridas en zona urbana, como el caso del atentado a Fenastras.
En el último día de sesión del Tribunal, en la tarde del 28 de marzo, se dio lectura a los elementos que servirá de insumo para la sentencia final, que se hará pública dentro de unos meses. En el fallo se destaca la responsabilidad del Estado salvadoreño en todos los casos presentados, por cometer masacres y crímenes de guerra y de lesa humanidad; y por la violación a tratados internacionales de derechos humanos.
Ante esto, los jueces exigen, entre otras demandas, que la Corte Suprema de Justicia agilice el proceso de inconstitucionalidad de la ley de amnistía; que la Fiscalía General de la República investigue todas y cada una de las denuncias presentadas ante el Tribunal; que el Estado indemnice y reivindique la dignidad de las víctimas; que se inicie un registro de las víctimas del conflicto armado en El Salvador; que se remuevan todos los monumentos en homenaje a violadores de los derechos humanos y se impidan rendir honores a los victimarios; y que se incorpore en el currículo escolar contenido sobre la historia del conflicto armado y sus víctimas.
