Avances en la lucha contra la impunidad

Durante 2013, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), junto a otras organizaciones y comités de víctimas del conflicto armado, interpuso ante la Fiscalía General de la República (FGR) 43 denuncias que exigen la investigación judicial de crímenes de lesa humanidad, masacres, desapariciones forzadas y torturas cometidas en la década de los ochenta.

De estas, 41 denuncias se presentaron en marzo, en el marco del aniversario de la publicación del Informe de la Comisión de la Verdad. Según Silvia Cuéllar, abogada de la Oficina de Procuración de Justicia del Idhuca, entre los casos están el de Cornelio Chicas, quien denunció el asesinato de su esposa, su madre y sus tres hijos; las masacres cometidas en Arcatao, para las que se solicita a la Fiscalía hacer exhumaciones; y el secuestro y torturas que sufrieron Susana Rodríguez y Vilma Vásquez, expresas políticas.

La presentación de estas denuncias fue posible gracias al trabajo del Instituto en la atención de víctimas, a través del apoyo psicosocial y la asistencia legal. Cuéllar explica que el seguimiento de la mayoría de los crímenes denunciados inició con la experiencia del Tribunal Internacional para la Aplicación de la Justicia Restaurativa de 2010. Organizado una vez al año desde 2009, para que las víctimas puedan dar testimonio de las vejaciones que sufrieron ellos o sus familiares, en el Tribunal se ha enfatizado la importancia de denunciar legalmente los hechos.

Así, y en línea con el esfuerzo de hacer valer el derecho a la verdad, el Idhuca propuso a las comunidades que han participado en los Tribunales presentar sus casos ante la Fiscalía. La respuesta ha sido positiva, tanto que se sobrepasó por 11 la meta inicial (30 denuncias). Los otros dos casos son el atentado a la Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños (Fenastras), en 1989; y la masacre en Santa Marta, Cabañas, en 1981, donde se ejecutó un operativo militar que mató a centenares de personas. En ambas denuncias se exige la investigación penal y el procesamiento de los responsables.

Llegar al momento de hablar y hacer público lo que les sucedió no es cosa fácil para las víctimas, aclara Cuéllar. "Recordar les resulta muy difícil. A la larga se vuelve sanador, pues uno los escucha con respeto y esto es importante para ellos".

La Fiscalía notificó al Instituto que 25 de las denuncias pasaron a la Unidad Antihomicidios y las otras a la Unidad de Derechos Humanos. En ocasiones anteriores, dice la abogada, ni siquiera asignaban números de referencia a los casos. Esta vez se ven resultados y avances; por ejemplo, para la investigación de los crímenes cometidos en Arcatao, ya hay un fiscal que lleva el caso y han comenzado las inspecciones para las exhumaciones respectivas.

Con estas 43 denuncias, se consignan en el ministerio público las violaciones a derechos humanos que sufrieron más de 700 personas durante la guerra civil. De acuerdo a Cuéllar, estas acciones son parte de la "lucha contra la impunidad [para que] estos hechos no se repitan". Y es que "a la población civil, que no estaba en ningún bando del conflicto, no se le puede negar el derecho a la verdad".