Impunidad ayer y hoy

El 12 de marzo, en la Sala del Consejo Universitario, como preámbulo al Festival Verdad, y en el vigésimo aniversario de la publicación del informe de la Comisión de la Verdad y de la aprobación de la ley de amnistía, 24 organizaciones sociales, entre ellas el Idhuca, hicieron un balance del respeto a los derechos humanos en El Salvador.

Para Benjamín Cuéllar, director del Instituto, la ley de amnistía es una "lápida" que sepultó la verdad sobre los crímenes cometidos durante la guerra civil. Explicó que ante esto las instituciones que trabajan en diversas áreas de los derechos humanos lo hacen "desde el compromiso con las víctimas, que son las que reclaman una deuda pendiente en El Salvador. Esa deuda pendiente se llama justicia, verdad y reparación".

La reivindicación de las víctimas no solo enfrenta obstáculos jurídicos, sino también culturales. En este sentido, María Silvia Guillén, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), citó como ejemplo la falacia de que hablar de los crímenes del pasado abre las heridas. Respecto al informe de la Comisión de la Verdad, comentó que este documento debió ser el punto de partida para iniciar investigaciones judiciales, pero se optó por callar "porque se tocaba a los poderosos, a los generales de la ‘tandona’, a las personas del poder económico, que como ciudadanos de ‘primera categoría’ están exentos de una investigación".

En su declaración conjunta, las 24 organizaciones consideran que el tejido social está fragmentado y que es urgente ejecutar un programa de reparación. Así, una de las primeras acciones será presentar a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia un recurso de inconstitucionalidad de la ley de amnistía. El objetivo, según Roberto Rugamas, del Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador, es "poner a prueba la institucionalidad del Estado" y demostrar con argumentos jurídicos que la ley de amnistía "nació viciada de nulidad, por irrespeto grave de los derechos humanos que ya estaban reconocidos por el Estado de El Salvador". El recurso legal será presentado a la Sala el próximo 20 de marzo.

Las instituciones que conforman el grupo son la Asociación pro Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos, la Asociación de Sobrevivientes de la Tortura (AST), el Centro para la Promoción de los Derechos Humanos "Madeleine Lagadec", el Centro Salvadoreño de Tecnologías Apropiadas (Cesta), la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), el Comité de Familiares de Víctimas de Violaciones de los Derechos Humanos (Codefam), el Comité de Expresos Políticos de El Salvador (Coppes), la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, la Fundación "Roque Dalton", el Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador (GMIES), el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), el Instituto de Estudios de la Mujer "Norma Virginia Guirola de Herrera" (Cemujer), el Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador (Iejes), el Museo de la Palabra y la Imagen (MUPI), el Servicio Social Pasionista (SSPAS), Tutela Legal de Arzobispado de San Salvador, la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), así como los comités de víctimas de Arcatao (Chalatenango), Copapayo (Cuscatlán), La Quesera (Usulután), Nahuizalco (Sonsonate), Suchitoto (Cuscatlán), Tecoluca (San Vicente) y Zacatecoluca (La Paz).