¿Olvidó la contraseña?
Ingrese su correo electrónico:
Cree su cuenta
El Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca) sigue realizando esfuerzos en la lucha por garantizar los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos. En este empeño, el 21 de marzo, en el Auditorio Elba y Celina Ramos, desarrolló el conversatorio “Justicia transicional en El Salvador: la propuesta del Idhuca tras la inconstitucionalidad de la ley de amnistía de 1993”. Los panelistas invitados fueron José María Tojeira, director del Idhuca; Manuel Escalante, asesor e investigador del Idhuca; y Arnau Baulenas, coordinador de Procesos de Justicia del Instituto.
En su ponencia, Tojeira explicó que la justicia transicional implica “afrontar la propia historia, asegurar responsabilidad, rendir justicia y lograr reconciliación”. “La justicia transicional fomenta la rendición de cuentas; refuerza el respeto por los derechos humanos; y se fija especialmente en los derechos de las víctimas, lo cual es indispensable para generar niveles de confianza cívica necesarios para impulsar la reforma de derecho, el desarrollo económico y la gobernanza democrática”, dijo.
En esta línea, el 22 de marzo, la UCA entregó a la Asamblea Legislativa lineamientos básicos para legislar sobre justicia transicional en el país, con el objetivo de proporcionar insumos a los diputados para los futuros proyectos de ley en esta materia. Además, con los lineamientos, se busca garantizar la elaboración de un marco jurídico que considere los derechos de las víctimas y los deberes del Estado, los cuales ya han sido señalados en la sentencia 44-2013 Ac de la Sala de lo Constitucional, con la que se declaró inconstitucional la ley de amnistía.
Según Manuel Escalante, “estos lineamientos no son un proyecto de ley, sino que constituyen un instrumento donde se sintetiza y reordena lo dispuesto por la Sala de lo Constitucional, para que sirva como una lista de chequeo que oriente la elaboración y discusión de aquellas decisiones estatales, para así garantizar el ejercicio de los derechos de las víctimas y sus familiares, y el cumplimiento de los deberes del Estado”.
Los lineamientos se dividen en cinco aspectos: equilibrio entre los intereses colectivos legítimos y los derechos individuales inderogables; verdad; justicia; reparación; y garantías de no repetición para la reconciliación.
