¿Olvidó la contraseña?
Ingrese su correo electrónico:
Cree su cuenta
En el marco del Día Mundial del Agua, el Arzobispado de San Salvador, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la UCA, en conferencia de prensa, urgieron a la Asamblea Legislativa a aprobar la Ley General de Aguas.
“El agua es vida y es un derecho. Está en juego la vida del país, la vida de la gente, la vida de los pobres. Hacemos un llamado a aprobar la legislación necesaria y promover una cultura en torno al agua”, dijo el cardenal Gregorio Rosa Chávez durante la conferencia.
En la actividad también participaron monseñor José Luis Escobar Alas, arzobispo de San Salvador; Raquel Caballero de Guevara, procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos; y P. Andreu Oliva, rector de la UCA.
Para la Procuradora de Derechos Humanos, “es lamentable que al conmemorar un año más el Día Mundial del Agua aún no contemos con un marco legal”. “La actual legislatura puede dejar un legado en esta área. Hacemos un llamado a la Asamblea Legislativa a que apruebe la Ley General de Aguas”, manifestó.
El rector de la UCA, por su parte, dijo que, en tanto el agua es un bien público, le corresponde al Estado tutelarlo. “Es importante contar con una ley que garantice, regule y proteja este recurso”, acotó, e hizo énfasis en la importancia de la participación informada de la ciudadanía en el tema, “para que pueda hacer efectiva su gestión de contraloría”.
Al finalizar la conferencia de prensa, Andrew McKinley, especialista en agua y minería del Iudop, hizo un análisis sobre la situación general del vital líquido en El Salvador, y Lilliana Arrieta, consultora y abogada ambiental de Costa Rica, presentó el estudio Institucionalidad del agua en América Latina.
El documento hace una comparación de la legislación de 13 países latinoamericanos y muestra que en estos hay una clara tendencia hacia la institucionalidad pública del agua, diferenciando entre la autoridad del agua (siempre público-estatal) y los prestadores de servicios (públicos, privados o mixtos).
Los países tomados en cuenta para el estudio fueron México, Guatemala, Belice, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Colombia, Panamá, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia. “En la mayoría de los casos analizados, la naturaleza pública del recurso hídrico está dada por la propia Constitución, por lo que se considera que su gestión es competencia exclusiva del Estado”, apuntó Arrieta.
