El uso instrumental de la Policía Nacional Civil

La institución policial es y será siempre un instrumento político. La dimensión instrumental está presente en cualquier cuerpo policial del mundo y es inherente a esta institución. Sin embargo, dicha dimensión puede y debe ser regulada. Esta dimensión es una más entre otras que la conforman: la policía como servicio público requerido por la ciudadanía y la policía como profesión con intereses propios. Que el componente político instrumental sea el predominante representa una variación y desviación que debe analizarse.

En primer lugar, es necesario analizar de dónde viene ese carácter instrumental. Los estudios policiales coinciden en un punto: la policía es un instrumento porque su característica principal es el uso de la fuerza y la fuerza misma carece de contenido. La fuerza necesita un para qué, porque la fuerza en vacío no tiene sentido sino hasta que es aplicada. Este contenido se lo dan las leyes y el sistema político. Vale decir que la policía no se da contenido a sí misma de manera autónoma, porque la policía es una herramienta susceptible de tomar caminos distintos. El Estado es la mano que utiliza esa herramienta. En sociedades democráticas lo hace a través de los tres órganos del Estado.

Pero la policía también tiene otras fuentes de acción más allá de las estatales: a) las solicitudes de la ciudadanía; b) la iniciativa profesional de los policías; y c) las órdenes jerárquicas. Desde esta perspectiva, se entiende que la policía no solo es, ni debería ser, un instrumento al servicio del Estado, sino también de la ciudadanía. De allí que algunos estudios sobre la policía evidencian que esta instancia tiene dos funciones principales: una de control y otra de servicio.

La instrumentalización se entenderá entonces como la pérdida o desequilibrio en esa pluralidad de fuentes de acción, ya sea de las provenientes del Estado o de las ajenas a este. Hay tres procesos básicos que realizan los cuerpos de policía: prevención, investigación e inteligencia, los cuales se expresan en áreas administrativas bien marcadas en la organización. Estas tres áreas son más o menos susceptibles de ser instrumentalizadas. Por ejemplo, el área de inteligencia policial se dedica a la anticipación de hechos delictivos, pero también podría dedicarse a la anticipación de amenazas políticas para el gobierno de turno.

Por su parte, el área de investigaciones de las instituciones policiales suele tener más controles. De hecho, entre las fuentes jerárquicas de la policía también se encuentran la Fiscalía y el Órgano Judicial, es decir, el cuerpo policial puede estar más limitado porque el proceso investigativo no es su patrimonio. Allí, de nuevo, no es más que un instrumento de Estado. Sin embargo, existe abundante evidencia de cómo la policía sí puede entorpecer procedimientos y esforzarse por obtener objetivos particulares.

El área de prevención o de seguridad pública de la policía también puede ser instrumentalizada. En esa área existe más discrecionalidad en las actuaciones y eso aumenta las posibilidades de una actuación sesgada. Por otro lado, el área de control de protestas es un ejemplo clásico de que la fuerza pública se puede utilizar de manera parcializada para castigar a las personas, en lugar de permitirles su derecho a la protesta pacífica. Igualmente en patrullajes o controles vehiculares se pueden seleccionar actividades con objetivos políticos gubernamentales selectivos. Esta es un área tan numerosa que es más difícil de instrumentalizar en su totalidad.

Sin embargo, los policías también toman decisiones acerca del quehacer y cómo hacer las tareas en su cotidianidad. Tal discrecionalidad facilita y, a la vez, juega en contra de la instrumentalización política gubernamental. Jean Paul Bordeur, un estudioso de la policía, sostiene lo siguiente acerca del papel que juegan los policías operativos en este proceso: los policías “no son peones de segunda, pasivos y dócilmente sometidos a las voluntades de las élites políticas” (Brodeur, 2011, p. 36). No todo lo pueden determinar las jerarquías policiales, aunque quisieran, tampoco es posible, porque la gran mayoría de tareas se desarrollan dispersas en el territorio y sin supervisión directa, sobre todo en el área de seguridad pública. Por ello, si bien se ha expuesto que la policía es susceptible de instrumentalización política, también se ha expuesto que existe un límite sociológico a tal instrumentalización: las decisiones del personal operativo.

Dicho lo anterior, se puede evaluar qué tan instrumentalizado está un cuerpo policial a través de la siguiente interrogante: ¿Qué fuentes de acción son las que más predominan en la institución policial: las gubernamentales, las demandas de la ciudadanía o las de iniciativa profesional del personal?

A la luz de lo que hemos visto en El Salvador en los meses recientes, parece que la Policía Nacional Civil se está moviendo cada vez más hacia un modelo de acción gubernativo -menos plural- donde prevalecen las órdenes jerárquicas, no de la institucionalidad relacionada al sistema de justicia, sino de las autoridades del gobierno de turno. Es probable que tal instrumentalización no se refleje en la cotidianidad de todos los puestos policiales, pero sí se ha evidenciado en el tratamiento de algunos casos emblemáticos y en las posiciones institucionales tomadas en situaciones de interés político.

Lo anterior no solo perjudica a la democracia, sino que también trae un costo elevado en la actividad de prevención y control del delito. La parcialización disminuye la legitimidad y la confianza ciudadana en la PNC. Dentro de la legitimidad existe la justicia distributiva, donde la ciudadanía evalúa que las acciones policiales se apliquen sin sesgo a los grupos sociales: básicamente, que no haya sesgo social, político o económico en contra de quienes actúa la policía. Si la justicia se distribuye solo contra algunos o protege deliberadamente a otros, entonces la población se vuelve menos susceptible de obedecer la ley y de respetar a la autoridad precisamente porque deja de ser justa. Con ello, la policía misma sabotea su función y las posibilidades de eficacia en la prevención y control delictivo.

* Augusto Rigoberto López Ramírez, de la Dirección de Investigación de la UCA. Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 33.

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Referencia:

Brodeur, J. P. (2011). Las caras de la policía. Prometeo Libros.