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Los procesos de desdemocratización son posibilidades inherentes a la evolución de un régimen político democrático. En el pasado se ha aludido ya a riesgos de regresión o deslizamiento autoritario en el país. Pero en la actualidad parece que estamos ante una especie de metástasis autoritaria, un escenario antidemocrático inédito, desconocido, aunque reconocible.
Según el informe de Freedom House (FH) de 2020 (Freedom House, 2019), la calidad de la democracia salvadoreña ha retrocedido algo más de 20 años, situación que ahora califica al país como “parcialmente libre”. El país tuvo tal denominación desde finales de los años 70, durante la guerra y la primera mitad de los 90, hasta el período 1997-1998, cuando por fin el estatus del país cambió a “libre”. Este retroceso implica que El Salvador, salvando considerables distancias cualitativas, ya no comparte el mismo estatus de país “libre” que ostentan naciones como Francia o Estados Unidos, y más bien se encuentra en una categoría similar a países como Honduras o Senegal.
El sitio web de FH consigna que este año, con las excepciones regionales de Belice, Costa Rica y Panamá que de forma invariable se consideran países “libres”, los países mesoamericanos han retrocedido en la calidad de sus democracias. México y las naciones del Triángulo Norte califican como países “parcialmente libres” y Nicaragua, en peor situación, es catalogada como “no libre”. En el caso de El Salvador, la degradación de estatus se explicaría por la persistencia de la violencia y la intimidación de grupos criminales hacia políticos, ciudadanos comunes y congregantes y líderes religiosos, y debido a la politización y obstrucción del sistema de justicia.
En sentido estricto, el informe de FH de 2020, reporta acontecimientos ocurridos en el período 2018-2019. En este tiempo, los factores que más afectaron los derechos políticos y las libertades civiles, y como resultante la calidad de la democracia, fueron la corrupción y el influjo del crimen sobre la vida nacional y política, lo que incluye la realización de pactos con las pandillas. Estos y otros problemas que podrían aparentar ser rémoras añejas en el país, no obstante, no impidieron a FH reconocer tendencias antidemocráticas del entonces recién electo presidente Bukele.
Por ejemplo, el informe de FH consigna la obstaculización al trabajo de periodistas de la Revista Factum y del periódico El Faro por parte de la actual administración y los ataques directos de Bukele hacia dichos medios de comunicación realizados en Twitter. También señala la falta de cooperación del gobierno, y del ministro de Defensa en particular, con la investigación de la masacre del Mozote. Otro aspecto recogido por el informe es la restricción en el país de personas que buscan asilo en su camino hacia los Estados Unidos sin que El Salvador califique como un país seguro. La exhibición de fuerza en las cárceles por parte del gobierno que sobrevino luego de la escalada de violencia perpetrada por las pandillas tampoco pasó desapercibida para Freedom House.
El escenario que dibuja el informe y la degradación del estatus de la democracia en el país conlleva al menos tres implicaciones:
a) Confirma que en la actualidad el país experimenta un retroceso grave en la calidad de su democracia y hasta exhibe patrones indiscutiblemente autoritarios.
b) La erosión de la democracia en el país, para organizaciones como Freedom House, es clara pero cabe esperar que se agrave aún más, una vez sean considerados en próximos informes los múltiples acontecimientos que se han producido en 2020: la militarización de la Asamblea Legislativa el 9 de febrero, violación de derechos humanos durante la cuarentena, la falta de transparencia generalizada y de rendición de cuentas, nepotismo, violaciones a la ética gubernamental, persecución y obstaculización de la libertad de prensa y el ejercicio periodístico, posible pacto con la MS-13 en cuanto que organización considerada como terrorista; obstrucción de justicia, reincidencia de la negativa de la Fuerza Armada para abrir los archivos de la masacre del Mozote, inoperancia y quizá instrumentalización de la Fiscalía General de la República, caos y desacato reiterado de leyes y resoluciones.
Todo lo anterior hace esperable una caída más abrupta en la calificación de la democracia salvadoreña. A esto cabe sumar cuestiones que mantienen estancada la mejora de los derechos políticos y las libertades civiles y en las que el gobierno actual ha mostrado bastante desinterés o desconocimiento. Por lo mismo, podrían degradarse aún más. Este es el caso de la limpieza y autonomía de la aplicación de justicia, y la garantía y el fortalecimiento de derechos de niñas, jóvenes y mujeres (aborto seguro, prevención de embarazos de adolescentes, de violencia contra la mujer y feminicidios) y la protección y ampliación de derechos de personas LGTBI.
c) El desdibujamiento de una democracia nunca constituye un mero problema local o exclusivamente político. La democracia constituye un núcleo organizativo local, así como un ideal civilizatorio y global que suscriben naciones desarrolladas. Conforma un andamiaje político con ramificaciones sociales y económicas, nacionales e internacionales.
Con base en lo anterior, a las altas posibilidades de malversación de fondos y el debilitamiento de procedimientos e instituciones del gobierno que ya están teniendo lugar, habría que añadir la plausible manifestación de otros problemas locales concomitantes: el aumento de la conflictividad social y la polarización política (y si esto se traduce en más personas protestando en la calles, incrementará el riesgo de nuevas oleadas de contagios); el agravamiento de la situación socioeconómica de las personas comunes cuyas condiciones de vida reciben de distintas formas el golpe del coma económico de la pandemia y el fuego cruzado de pugnas entre poderes del Estado (e.g., la retención de sueldo de empleados públicos) y el repunte de la violencia ante el “abandono” de las “medidas” que la contienen.
En el plano internacional, la erosión de la democracia y los posibles problemas aparejados que conlleva, se traducen en desconfianza por parte del mercado; mayor tutela internacional de organismos o representantes de gobierno (e.g., senadores estadounidenses). Pero también el incremento de incentivos para la migración, incluyendo la migración de personas altamente preparadas en momentos en que el país necesita conocimientos y manos capacitadas para levantarse y continuar.
El desmoronamiento que acusa la democracia en el país en la actualidad, pero, sobre todo, la aparente incapacidad o falta de voluntad para rectificar la dirección y el estilo de gobierno de la actual administración, no ofrecen un panorama halagüeño inmediato. El próximo año los informes que se nutran de los sucesos de 2020 serán desfavorables. Esperemos que, mientras tanto, las fuerzas progresistas nacionales e internacionales, hayan podido contener esta otra ola infecciosa que asola y amenaza la estabilidad socioeconómica y la institucionalidad democrática del país.
Referencia
Freedom House (2019). Freedom in the world 2020 - El Salvador. https://freedomhouse.org/country/el-salvador/freedom-world/2020
* Carlos Iván Orellana, codirector del Doctorado y Maestría en Ciencias Sociales. Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 16.
