La situación de los derechos humanos en el marco de la emergencia por covid-19

El Informe sobre la situación de los derechos humanos en el marco de la emergencia por COVID-19, en El Salvador, es un documento elaborado por el Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA (OUDH), como respuesta a una situación excepcional que ha condicionado la vida nacional en todos los ámbitos. El objetivo de este informe es hacer un recorrido por las principales problemáticas de derechos humanos generadas en el contexto de la emergencia por la pandemia de covid-19, específicamente, durante el periodo de la cuarentena domiciliar obligatoria, para analizar su impacto en los derechos humanos de la sociedad salvadoreña, así como en la institucionalidad y el Estado de Derecho.

Algunos principales hallazgos, desde la perspectiva de los derechos humanos, son los siguientes:

Detenciones ilegales y arbitrarias: entre los principales derechos afectados por la imposición de la cuarentena domiciliar obligatoria se encuentra la libertad personal (libertad de tránsito). Principalmente, las personas sufrieron capturas y fueron enviadas a centros de contención, sin que existiera causa legal para ello. En este contexto, se destaca la admisión por parte de la Sala de lo Constitucional de un recurso Hábeas Corpus (148-2020) en el cual la Sala emitió medidas cautelares, a favor de las personas detenidas. Esta resolución de la Sala puso en evidencia que tales capturas no tenían respaldo legal. No obstante, las capturas continuaron después de esa resolución judicial. Oficialmente, el Gobierno reconoció haber detenido a 2,424 personas hasta el 9 de mayo, pero existen indicios sobre retenciones adicionales que no fueron registradas en el recuento gubernamental.

Abusos de la fuerza por parte de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada: desde el inicio de la cuarentena domiciliar obligatoria se advertía el papel protagónico de las instituciones de seguridad en la aplicación de algunas medidas orientadas a la contención del virus. También, de forma temprana, se conocieron diversas situaciones donde agentes de seguridad actuaron con exceso de fuerza. Desde el 21 de marzo hasta el 24 de agosto, el OUDH registró al menos 14 eventos en los que se evidenciaron diferentes excesos o actuaciones estatales presuntamente al margen de la legalidad. Al menos 11 de estos eventos ocurrieron en el marco de las actuaciones estatales para la contención del virus. En este sentido, otras instituciones del Estado como la Asamblea Legislativa, la Fiscalía General de la República y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos confirmaron haber tenido conocimiento y/o se encuentran en investigación sobre estos abusos de la fuerza por parte de la PNC y la FAES.

Situación en los centros de contención: desde inicios de marzo se adoptaron distintas medidas sanitarias, como el envío a cuarentena en centros de contención para todas las personas viajeras que ingresaron al país. Posteriormente, la PNC y la FAES retuvieron y trasladaron a centros de contención a las personas que, según sus criterios,violaban las restricciones impuestas por la cuarentena domiciliaria obligatoria impuesta por el Gobierno. En total, de acuerdo a los datos gubernamentales, hasta el 24 de agosto, 16,756 personas fueron internadas y liberadas de centros de contención. De hecho, se registraron denuncias como falta de alimentación, de distanciamiento social e incluso de camas, así como falta de insumos, comida en mal estado, plazos de cuarentena vencidos o alargados injustificadamente, incumplimiento de resoluciones de la Sala de lo Constitucional, irrespeto de los protocolos para el traslado de personas contagiadas, denegación de informes sobre los resultados de las pruebas de COVID-19 y hasta intimidación por parte de agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden de la PNC en aquellos centros de contención donde se reportaron protestas. Asimismo, el Informe destaca las afectaciones al derecho a la vida producto de negligencias médicas o de abandono por parte de las autoridades gubernamentales: un número indeterminado de personas fueron retenidas por las autoridades y posteriormente fallecieron por complicaciones de salud ajenas a la COVID-19, en muchas ocasiones.

Restricciones a la libertad de prensa y acceso a la información pública: el ejercicio periodístico se vio amenazado por diferentes causas. Según la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), hasta abril del 2020, se registraron 54 vulneraciones al ejercicio periodístico. Por otra parte, en relación al acceso a la información pública, se destaca el manejo centralizado de las pruebas de COVID-19 por parte del Ministerio de Salud, pese a las múltiples sugerencias de diversas organizaciones, instituciones académicas, infectólogos y epidemiólogos para descentralizar la información sobre las pruebas, así como el señalamiento de falta de apertura para transparentar los datos del virus y el rechazo a las proyecciones que hizo el Ejecutivo sobre la evolución de la enfermedad en el país.

Garantía de las condiciones adecuadas para personal de salud: las condiciones laborales del personal de salud han estado en una especial vulnerabilidad, principalmente por los riesgos de contagio a los que se enfrentan en el ejercicio de su labor. En este sentido, se abordó el debate jurídico en torno a las regulaciones adoptadas para su protección y la dilación con la que estas entraron en vigencia. En general, el Informe registró carencias o falencias en los protocolos de procedimientos, falta de insumos médicos y de equipos de protección personal; así como amenazas, agresiones o represalias contra el personal que denunciaba las irregularidades o deficiencias. Ante este panorama, al 5 de septiembre, se reportaron 138 muertes del personal de salud, vinculadas al COVID-19, de acuerdo a publicaciones de sindicatos, asociaciones, agrupaciones del sector salud, profesionales de enfermería, parientes de los profesionales y el Colegio Médico.

Violencia intrafamiliar y feminicidios: la población estuvo sometida a una cuarentena domiciliar obligatoria. En esta situación, ante hechos de violencia –especialmente en mujeres, niñas, niños y adolescentes– la probabilidad de que el agresor sea parte del círculo familiar aumenta. En este sentido, del 21 de marzo al 13 de mayo, la Fiscalía General de la República (FGR) recibió 158 denuncias de casos de violencia intrafamiliar.En relación a los feminicidios, a partir de cifras homologadas entre el Instituto de Medicina Legal (IML), la FGR y la PNC, se registraron 37 muertes violentas de mujeres entre marzo y junio de 2020. Por su parte, la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) reportó 44 muertes violentas de mujeres y feminicidios, entre el 17 de marzo y el 29 de junio. De estas, al menos 10 feminicidios fueron cometidos por la pareja.

Homicidios: El Salvador experimentó algunos de los meses menos violentos en cuanto a la violencia homicida se refiere. Al contabilizar las muertes ocurridas entre el 1 de marzo y el 30 de junio, se obtiene un total de 346 muertes violentas, que se traduce en un promedio diario de 2.8 asesinatos. No obstante, se registró un repunte súbito de 85 muertes violentas ocurridas entre el viernes 24 y el martes 28 de abril. Con este repunte, abril se coloca como el mes con más homicidios del año 2020, en el contexto de una estricta cuarentena domiciliar obligatoria.

Frente a estas situaciones que vulneraron los Derechos humanos, junto a otras que también se registraron en el Informe en mención, se formularon las siguientes recomendaciones:

1. Que cese de inmediato la confrontación y los ataques verbales y de otra índole que han sostenido funcionarios de los Órganos Ejecutivo y Legislativo desde el inicio de la emergencia sanitaria, particularmente, la confrontación y los ataques provenientes del primero, con el fin de crear las condiciones propicias para el diálogo, el entendimiento racional, y la búsqueda de políticas consensuadas que permitan enfrentar colaborativamente los problemas de salud, economía y trabajo derivados de la actual p La agresividad verbal y los insultos de los miembros de órganos del Estado se trasladan fácilmente a la población en general, lo que abona a la creación de un clima de polarización y dificulta la participación en los necesarios procesos de reconstrucción del país. La utilización frecuente y en ocasiones innecesaria del veto presidencial en el proceso de formación de las leyes no abona al necesario diálogo.
2. Que se cumplan, sin excepciones ni retardo injustificado, las sentencias y resoluciones de la Sala de lo Constitucional, y que se atiendan los llamados urgentes de la PDDH, de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de DDHH, relacionadas con la protección de los derechos humanos durante la pandemia, a fin de que se respeten los derechos humanos de la población salvadoreña. Las desobediencias a las resoluciones de la Sala de lo Constitucional deben ser llevadas a juicio. El sistema judicial en general debe ser más acucioso en el respeto a las obligaciones convencionales de El Salvador.
3. Que se investigue y se deduzcan las responsabilidades legales a los que ordenaron, permitieron y ejecutaron acciones violatorias de derechos humanos de la población durante el periodo de la emergencia por la pandemia de covid-19, mediante actos arbitrarios e ilegales o haciendo uso excesivo y desproporcionado de la fuerza contra las personas. Se deben tomar medidas de no repetición ante tales abusos y violaciones. La Fiscalía debe tener una mayor dedicación a la investigación y persecución de los delitos y violaciones de derechos humanos cometidos en este tiempo especial de pandemia.
4. Que no se instrumentalice la situación de crisis nacional relacionada con la pandemia de covid-19 con fines político-electorales o de otra índole. Garantizar la protección adecuada al personal sanitario y el acceso a los medios sanitarios indispensables para la población y asegurar la calidad del sistema educativo público es una responsabilidad estatal básica, especialmente de cara a los más pobres y a los grupos vulnerables de nuestra población.
5. Que se garantice, sin restricciones, el acceso a la información pública sobre toda la actividad estatal desarrollada durante la pandemia, que se respete el derecho a la verdad y se elimine el hostigamiento gubernamental al periodismo de investigación y a las organizaciones de Derechos Humanos.
6. Invitamos a la sociedad civil a que den seguimiento a las recomendaciones del presente informe, especialmente las universidades, los medios de comunicación y las ONG de desarrollo económico y social, así como las comprometidas con los derechos humanos, ya que tienen una responsabilidad especial en este tiempo difícil de pandemia de dar seguimiento al cumplimiento de las sentencias y resoluciones de la Sala de lo Constitucional y de impulsar las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos.

El Informe puede consultarse en: https://drive.google.com/file/d/1ZJ_WsVy4uPnPALicQKrHbIBV7BA_nZl1/view

* Manuel Escalante, subdirector del Idhuca y coordinador del Observatorio Universitario de Derechos Humanos. Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 25.