La telaraña sigue creciendo

Desde hace un par de meses el centro de la atención nacional lo ocupa el régimen de excepción, lo que en sí mismo ya es un signo de la eficacia mediática del gobierno. La población, en general, aprueba el estado de excepción, en parte, por la labor de la propaganda oficial. El “capturómetro” fue la noticia del día durante las primeras semanas, posteriormente los “efectos colaterales” del régimen se han ido abriendo camino en la agenda nacional. Los casos de capturas de personas no vinculadas con las pandillas desfilan diariamente por los medios de comunicación, el sufrimiento de madres, padres, esposas y demás familiares de los detenidos pernoctando en las afueras de los penales, esperando que se les haga el milagro de la liberación de sus parientes, ha llegado a límites con signos de una crisis humanitaria.

Pero el gobierno, aprovechando que los y las detenidas acaparan los reflectores, sigue adelante con otras medidas para avanzar en el rumbo que el presidente y el grupo al que representa les ha trazado. Recordemos que en septiembre de 2021, un decreto aprobado por las y los diputados que tramitan las peticiones del Ejecutivo obligó al retiro a magistrados de cámara, jueces de primera instancia, jueces de paz y a fiscales que tuvieran 30 años de carrera o 60 años de edad o más. El decreto retiró a un tercio de los 690 jueces de los que contaba el país en ese momento. El argumento del presidente del primer órgano del Estado fue “no más jueces corruptos ni justicia a la medida de los grupos de poder”.  Ser juez mayor de 60 años se convirtió entonces en sinónimo de corrupción en el juicio inmisericorde de los troles y de los partidarios incondicionales del presidente. En diciembre de 2021, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Transitoria de Compensación Económica por servicios prestados por Empleados y Empleadas del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Salvo algunas excepciones como la de Romeo Auerbach, que se acogió al decreto a principios de 2022, siendo diputado desde mayo de 2021, según testimonios de personas que se acogieron a la ley, el retiro no fue propiamente voluntario sino coaccionado. Más de un ciento de empleados y empleados se “acogieron” al retiro y casi 40 de ellos pertenecían al área de capacitación del TSE, una de las más grandes del tribunal y la que cuenta con el personal con más experiencia y más conocedor del sistema electoral. Mientras tanto, puestos importantes de dirección han sido cambiados y ocupados por personas seleccionadas por la fidelidad partidaria a quien domina el TSE y no por sus capacidades y méritos profesionales. La consecuencia más visible es que los procesos y las decisiones dentro del TSE han pasado, de hecho, ha engrosar la interminable lista de  información reservada que ya ni el mismo sindicato de empleados del TSE puede conocer y frente a lo cual guarda un silencio que solo puede explicarse porque sus afiliados no quieren engrosar la también cada vez más larga lista de despedidos. De esta manera, de modo silencioso, el árbitro de las elecciones en El Salvador, está promoviendo cambios que deberían encender las alarmas. La cereza en el pastel de la cooptación de toda la institucionalidad democrática por parte del Ejecutivo puede ser la también cooptación de la institución encargada de garantizar la integridad del sistema electoral, de tal suerte que, como las otras instancias públicas, respondan a las órdenes de Casa Presidencial y no al cumplimiento de la ley.

Por otra parte, el 11 de mayo pasado, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Retiro y otorgamiento de compensación económica al personal de la Policía Nacional Civil y de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) mayor de 60 años. Se estima que unos 3,000 policías y miembros de la ANSP deberán someterse al retiro. Esta medida llega después de que trascendió una supuesta posición crítica creciente de miembros de la institución policial que se resistían al sometimiento a los militares y a realizar capturas, en el marco del régimen de excepción, de personas que no llenaban los requisitos para ser considerados pandilleros. Fuentes internas de la policía confirmaron la ausencia generalizada de enfrentamientos durante las capturas y consideran que la PNC es capaz de llevar adelante esta lucha en el marco del respeto a la ley.

En una lectura un tanto superficial, los retiros “voluntarios” de jueces, personal del TSE y policías, puede leerse como una oportunidad para dar paso a nuevas generaciones. Pero yendo un poco más al fondo, también pueden leerse como deshacerse de las personas que, por su experiencia, han desarrollado un pensamiento propio dentro del marco legal, inadmisible en el funcionariado del bukelismo. Además de lo anterior, los rumores sobre la eventual aprobación de leyes con dedicatoria para anular a la prensa independiente y a organizaciones de la sociedad civil, más el refuerzo presupuestario a la Fiscalía General de la República para el espionaje telefónico, son indicios evidentes de que el perfil autoritario sigue avanzando a grandes pasos en el país.

* Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 90.