Limpiando la casa

En síntesis, el elemento político definitorio del concepto de populismo sería el estilo de liderazgo, “caracterizado por la relación directa, carismática, personalista y paternalista entre líder-seguidor, que no reconoce mediaciones organizativas o institucionales, que habla en nombre del pueblo y potencia la oposición de éste a «los otros», donde los seguidores están convencidos de las cualidades extraordinarias del líder y creen que gracias a ellas [...] conseguirán mejorar su situación personal o la de su entorno” (Freidenberg, 2007, p. 25).

Citado por Sabrina Morán en “Populism or populisms. Present and distinctive features of the concept in Latin America”

Para Estados Unidos, la migración irregular es un problema prioritario que afecta su seguridad nacional. De hecho, solo en abril de 2021 fueron detenidos en la Frontera Sur 11,033 salvadoreños, incluyendo 2,095 niños que viajaban solos. Para atender este problema, Ricardo Zúñiga, enviado especial del Departamento de Estado de los EEUU para el Triángulo Norte, realizó en abril su primera visita a El Salvador y, aunque no fue recibido por el presidente Bukele, dejó claro cuál sería el énfasis de la política migratoria de EEUU: primero, el combate a la corrupción y la impunidad en estos países y, segundo, el cumplimiento de la Carta Democrática de la OEA y de las funciones de un Estado democrático. En concordancia con ello, Zúñiga entregó una donación de 2 millones de dólares a la CICIES (Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador) para fortalecer su institucionalidad.

Unas semanas después de la visita de Zúñiga, el 1 de mayo, la nueva Asamblea Legislativa -con mayoría de diputados del partido de Bukele- destituyó a la Sala de lo Constitucional de la CSJ y al Fiscal General de la República y nombró como sustitutos a profesionales designados a dedo por el presidente. En un solo día, la Asamblea Legislativa -controlada por el partido de Bukele- violó la Constitución de la República, rompió la separación de poderes y la autonomía de la FGR en la persecución de delitos. De tal suerte que desde ese día, Bukele domina todos los órganos del Estado.

Sin duda alguna, con estas acciones, Bukele y la Asamblea Legislativa dejaron de cumplir la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA). Su secretario general, Luis Almagro, debería haber aplicado el capítulo 20 de dicha carta que establece: "En caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente [...]". Hasta este momento el señor Almagro guarda silencio sobre este punto.

En la segunda sesión plenaria, la Asamblea Legislativa aprobó la llamada “Ley Alabí” que otorga inmunidad a funcionarios del gobierno y empresas proveedoras que hayan participado de cualquier compra ilegal realizada durante la pandemia de covid-19. Con la aprobación de esta ley también se viola el artículo 4 de la Carta Democrática de la OEA que dice: “Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa. La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad son igualmente fundamentales para la democracia”.

Por su parte, en la tercera sesión plenaria, la Asamblea Legislativa aprobó $730 millones de dólares en préstamos, sin especificar con claridad el destino de esos fondos. Además, en esa misma semana, envió al archivo más de 333 expedientes de procesos de formación de leyes, incluidas algunas propuestas que las organizaciones sociales venían promoviendo desde hace varios años. Entre estos expedientes se encontraban la Ley General de Aguas y la Ley de Identidad de Género. Ambas propuestas de ley son claves para el fortalecimiento de la democracia, tal como hace referencia la Carta Democrática en su artículo 15, dedicado a la preservación y el manejo adecuado del medio ambiente y en su artículo 9, que relacionado con la eliminación de toda forma de discriminación, especialmente la de género, étnica y racial.

Después del golpe al Estado de Derecho, ejecutado por Bukele y por la Asamblea Legislativa, la comunidad internacional condenó lo sucedido, pero dichas condenas fueron rechazadas inmediatamente por Bukele por medio de un discurso populista: "Queremos trabajar con ustedes, comerciar, viajar, conocernos y ayudar en lo que podamos, pero con todo respeto: estamos limpiando nuestra casa y eso no es de su incumbencia".

“Limpiar la casa” es similar a lo que decía el expresidente Trump cuando declaraba que había que “drenar el pantano” para deshacerse de los políticos tradicionales de Washington. Al final, el líder populista vende una ilusión de cambio a la población cuando, en realidad, lo que ocurre es simplemente un reemplazo de ciertos políticos por una élite afín al líder. Tras el autogolpe a la Sala de lo Constitucional y a la Fiscalía, Ricardo Zúñiga volvió a visitar El Salvador y, en esencia, su mensaje fue que el escenario ideal es regresar a la situación en la que se encontraba el país antes del 1 de mayo. Bukele respondió a las declaraciones del funcionario estadounidense en un tuit y dejó en claro que lo hecho hasta el momento era irreversible. Con esa respuesta, el presidente dejó en evidencia que su forma de ejercer el poder es a través de prácticas antidemocráticas muy propias de una dictadura. Ya la congresista Norma Torres se refirió a Bukele como un “dictador narcisista” y, recientemente, el congresista Patrick Leahy en un excelente texto titulado “Declaración sobre la crisis constitucional en El Salvador” señala que “El presidente Bukele sabe que sus acciones dictatoriales son un desafío directo a Estados Unidos y al énfasis de la Administración Biden en la democracia, los derechos humanos y la lucha contra la corrupción en la región.”

Al final de cuentas, la anunciada “limpieza de la casa” de Bukele no es más que el proceso de destruir la frágil democracia del país y convertirla en una dictadura a su medida. De hecho, el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, trabaja desde hace meses en la redacción de una nueva constitución que investirá de poder al nuevo dictador. Ante este escenario, vale la pena revisar el concepto de dictadura que presenta Norberto Bobbio y que puede ser útil para caer en cuenta sobre la grave situación en la que se encuentra el país: “...lo que distingue el carácter de la dictadura moderna de su forma clásica es la extensión del poder que ya no se limita a la función ejecutiva, sino que se extiende a las funciones legislativas e incluso constitutivas, la preparación de la nueva constitución que completaría la fase revolucionaria, demostrando así más allá de toda sombra de duda que la característica sobresaliente de la dictadura revolucionaria es el ejercicio del poder soberano por excelencia: es decir, el poder constitutivo.” (Democracy and Dictatorship: The Nature and Limits of State Power, 1989).

* Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 45.