Protestas en Guatemala, lecciones para El Salvador

¿Quién no recuerda lo que se llamó “primavera chapina” en el año 2015? Aquellas imágenes de las plazas de Guatemala abarrotadas de personas unidas por la indignación ante la corrupción, recorrieron el mundo. El pasado sábado 21 de noviembre, muchos vieron –o quisieron volver a ver- aquella primavera chapina. Pero aunque la movilización se parecía, no era lo mismo. Lo que más recorrió el mundo fueron las imágenes de las instalaciones del congreso guatemalteco en llamas. Pero eso no fue lo único que pasó ni lo más importante. Lo sucedido el sábado es el resultado de un proceso de degradación política que ha vivido la nación con más población indígena de Centroamérica y que puede dejar grandes lecciones para El Salvador.

Desde las protestas de 2015, el llamado “pacto de corruptos” se fue enseñoreando de Guatemala. El pacto lo integran el poder Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional, las mafias criminales del narcotráfico, los sindicatos afines al gobierno, la cúpula militar y grupos empresariales importantes. En cinco años se fueron enquistando en las estructuras hasta llegar a cubrir, como ya se dijo, los tres poderes del Estado. Pero sus ramificaciones abarcan también desde alcaldías hasta ministerios y juzgados. Y su dominio se extiende a caminos subterráneos como la narcoactividad, el contrabando y el tráfico de personas.

Desde hace meses, este pacto de corruptos, el mismo que propició la expulsión de la Comisión contra la Impunidad y la Corrupción en Guatemala (CICIG), ha conspirado contra la institucionalidad de la vicepresidencia, de la Corte de Constitucionalidad, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la Fiscalía contra la Impunidad. La gota que rebalsó el vaso comenzó a vertirse el miércoles 18 de noviembre cuando los diputados y diputadas aprobaron el Presupuesto General de ingresos y egresos del Estado para el año 2021. El dictamen que contenía el presupuesto fue emitido de manera express y fue aprobado de madrugada, sin que los 160 legisladores del congreso guatemalteco lo conocieran previamente. Un diputado leyó de forma ininteligible los rubros y las cantidades de cada partida, que fueron aprobados por sus homólogos. El viernes 20, una vez el presidente Giammattei dio su visto bueno al proyecto presupuestario, el vicepresidente, Guillermo Castillo, hizo un llamado a Giammattei a renunciar conjuntamente para oxigenar al país. Entonces la mesa quedó servida para que la apatía contra el mandatario se expresara en las calles. Según analistas guatemaltecos, a diferencia de 2015 cuando la indignación convocó a miles a las plazas chapinas, ahora, a ese sentimiento, se sumó el de una gran irritación por el hartazgo del rumbo que ha tomado el país. El clima de repudio contra la corrupción inundó Guatemala y las protestas fueron convocadas en varias ciudades del país.

Lo primero que debe rescatarse para la realidad salvadoreña es que la protesta no fue únicamente contra los diputados como convenientemente se ha querido hacer ver. La protesta fue contra el presidente de Guatemala y contra ese pacto de corruptos que está hundiendo al país. A los congresistas se les reclamaba su falta de carácter e independencia, su sometimiento incondicional a la voluntad del presidente, algo con lo que no pocos sueñan en El Salvador

La protesta en la capital guatemalteca terminó en violencia. Las imágenes que trascendieron a nivel internacional fueron las del incendio de la sede del congreso guatemalteco. Supuestos estudiantes de la universidad pública, encapuchados, descargaron su furia en contra de la infraestructura al servicio del pacto de corruptos. Esta ha sido la versión más difundida y argumentada por el Gobierno de Guatemala. Pero algo no ha salido bien. Llama la atención que ante una protesta anunciada, las instalaciones del Congreso no contaran con la seguridad requerida. Tres días antes, para el madrugón en el que se aprobó el presupuesto, el Ministerio de Gobernación asignó tantos agentes de seguridad como para tapar varias calles a la redonda del Congreso. El sábado 21 solo asignaron a unos cuantos policías. También llamó la atención la tardía respuesta de los cuerpos de seguridad que solo llegaron hasta que los protestantes, con facilidad, habían irrumpido en el recinto. Las fotografías que circularon en redes sociales que mostraron que en los pasillos del Congreso había extintores y el hecho de que ningún diputado haya estado en los momentos de la protesta, también han levantado sospechas de un plan orquestado para restarle legitimidad a la protesta ciudadana. Un par de diputados de la bancada legislativa de UNE, cuestionaron de manera directa la inacción de las fuerzas de seguridad por haber dejado que los hechos vandálicos se realizaran. “Creemos que hubo posible participación de los miembros del Congreso en los hechos”, señalaron.

Es decir, la narrativa oficial, sustentada en videos y en una acción supuestamente calculada con frialdad, está siendo seriamente cuestionada. Parece que la población guatemalteca no se ha creído la versión oficial y los sentimientos de indignación e irritación continúan.

De las grandes movilizaciones de 2015, que expresaron anhelos profundos de cambio de la población y que provocaron la destitución del presidente, la vicepresidenta y de ministros, no ha quedado mucho en Guatemala. Las cúpulas que siempre han gobernado volvieron a reacomodarse y, con un discurso de cambio y de proclamarse distintos a los anteriores, cooptaron todos los poderes de Guatemala y profundizaron la corrupción. En lo sustancial y a nivel estructural, nada cambió en Guatemala. La lucha contra la corrupción apoyada por el entonces gobierno de Obama, desapareció.

¿Que dejaron las protestas de 2015? Si algo positivo se puede sacar de lo que se llamó la primavera chapina es que la población, especialmente la juventud considerada hasta entonces apática a la realidad nacional, perdió el miedo, salió a las calles, protestó contra la corrupción. Ese miedo perdido es el que provocó también las protestas del pasado sábado. Pero mientras no haya una verdadera articulación social en la protesta, que canalice el descontento popular, mientras no se defina un rumbo claro, el descontento ciudadano seguirá siendo cooptado por cúpulas que se aprovechan, que ofrecen cambiar la historia, pero que profundizan la corrupción, destruyen la institucionalidad y con ella hunden al país.

* Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 24.