Quien nada debe, nada esconde

El acceso a la información es un elemento fundamental en una democracia y El Salvador tardó mucho tiempo en comprenderlo. De hecho, este elemento comenzó a regularse desde el siglo XVIII en Europa y poco a poco, sobre todo en el siglo XX, se extendió por todo el mundo. Nuestro país llegó tarde y a tropezones. Fue el último de la región centroamericana en asumir una normativa en esta materia. La Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) entró en vigencia el 8 de mayo de 2011, pero la aprobación de su reglamento y de la institución encargada de hacerla cumplir, demoraron que se hiciera realidad. El 23 de febrero de 2013, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) vio la luz pero prácticamente sin financiamiento. Fue hasta el 2014 que el Instituto, y con él el derecho a la información, comenzaron a levantar vuelo. A pesar de los inconvenientes y resistencias que tuvo que vencer, el Instituto en poco tiempo desarrolló un rol importante como la instancia encargada de hacer cumplir la Ley. El IAIP ha atendido cerca de tres mil casos relacionados con solicitudes de documentación pública, firmó convenios y cartas de entendimiento con entidades públicas, privadas y organizaciones sociales y académicas; capacitó a funcionarios públicos y estudiantes, y un largo etcétera. Pero lo más importante es que la entidad se volvió un referente obligado del ejercicio del derecho a la información pública y posicionó el tema de la transparencia en el ejercicio del poder, tan marcado en el país por el lastre de la corrupción. Atendiendo a esta realidad, el entonces Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, sentenció que “Si la corrupción es una enfermedad, la transparencia es la parte medular de su tratamiento”. Y todo parece indicar que el país está seriamente enfermo.

Las alas del IAIP han sido recortadas y el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información pública está hipotecado. Una de las características que distinguen al gobierno de Nayib Bukele es la falta de transparencia y el IAIP constituye un obstáculo para un gobierno que se niega a rendir cuentas de los recursos económicos que utiliza. La reserva de información es una constante en este gobierno. Está vetada la información que tenga que ver con los gastos durante la pandemia de covid-19. Hay reserva total sobre un supuesto Plan Nacional de Salud. Toda la información que tiene que ver con las compras de alimentos que se repartieron a las familias y con la compra de insumos médicos está bloqueada. Lo invertido en la construcción y el equipamiento del Hospital El Salvador es un misterio y, como cereza en el pastel, el costo de las vacunas contra el coronavirus, el plan de vacunación y las estadísticas sobre los casos de covid, también han sido reservados por varios años.

En este contexto y a pesar de su tímida actuación, la Corte de Cuentas de la República señaló, según un informe de auditoría, que no encontró a 100 mil familias que supuestamente fueron reportadas como beneficiarias del bono de 300 dólares que otorgó el Gobierno al inicio de la cuarentena domiciliar (solo esta cantidad asciende a 30 millones de dólares). Por otro lado, la también timorata Fiscalía General de la República reveló que el 66.8% de las compras de insumos médicos para la pandemia está bajo sospecha de negociaciones ilícitas. Además, investigaciones periodísticas han revelado irregularidades en una serie de compras realizadas por el Ejecutivo.

Paralelamente a la constante negación del acceso a la información, el Gobierno ha debilitado al IAIP. Tres nuevos comisionados nombrados entre agosto y diciembre del año 2020, han tomado decisiones que echan por la borda los avances en transparencia en la gestión pública que se habían alcanzado desde el 2013. Parece que los nuevos comisionados entienden el acceso a la información pública no como un derecho al servicio de la ciudadanía sino como un arma al servicio del poder. Una comisionada titular que no actuaba bajo esta lógica, Claudia Liduvina Escobar, fue removida de su cargo por el presidente Bukele el pasado 23 de abril. Con la pérdida de su autonomía, el IAIP se vuelve otra dependencia de Casa Presidencial. El artículo 58 de la LAIP establece que es tarea del Instituto la evaluación del desempeño de las instancias públicas obligadas por la ley a facilitar el acceso a la información. El último informe en esta materia se realizó en el período 2017-2019. Algunos conocedores del tema han denunciado que los nuevos comisionados del Instituto han detenido en cuatro ocasiones la publicación del informe correspondiente al periodo del gobierno de Nayib Bukele, a pesar de haber sido aprobado desde noviembre del año pasado. En ese informe están incluidas las oficinas públicas incluidas aquellas que bloquearon toda la información que pudieron durante la pandemia.

Bukele y su grupo no han entendido que la transparencia genera legitimidad y que el mejor signo de un gobierno es la honestidad. Quien no tiene nada que esconder, no tiene nada que bloquear. En los tiempos actuales es inconcebible un Estado en el que existan “secretos” porque eso es un indicador de que el gobierno actúa en función de un interés particular desnaturalizando la propia democracia. El acceso a la información pública es un derecho fundamental porque permite la participación de los ciudadanos en los asuntos políticos y monitorear las acciones del Estado transparentando la gestión pública. El desmantelamiento del Instituto de Acceso a la Información Pública es el tiro de gracia para este derecho. El Gobierno no debe perder de vista que la estrategia mediática que vende espejitos, por maravillosa que sea, no podrá sostenerse por mucho tiempo ante la contundencia de la realidad. El costo de fondo de la corrupción es la pérdida de la confianza ciudadana. Esto el actual Gobierno lo sabe de sobra porque fue la catapulta que lo llevó al poder, pero es también lo que lo puede arrojar del mismo.

* Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 42.