Reconversión política

El Salvador necesita una reconversión política. Y lamentablemente son pocos los políticos que piensan en esa necesidad. En las contrataciones de personal en la Asamblea Legislativa se huele el favoritismo, el premio partidista y la escasa calidad. Los escándalos han sido frecuentes en el pasado. Diputados que tenían empleada a la propia esposa solo por ser esposa, o que trasladaban empleados de la Asamblea a su hacienda, siempre pagados con dinero público, o que ponían a trabajar a sus asesores en sus negocios personales son casos que afectan prácticamente a todos los partidos. La gran cantidad de contratados por los directivos, y no solo por ellos, muestra un uso irresponsable del dinero público. Si a ello añadimos toda una serie de prestaciones extra, la convicción de que hay que reformar la política en su conjunto es más que evidente. Que la Asamblea contrate servicios de salud privada con dinero público, pagando al mismo tiempo la aportación al Instituto Salvadoreño del Seguro Social, no deja de ser todo un símbolo del elitismo de muchas de nuestras instituciones estatales, que desprecian lo público y buscan simultáneamente privilegios privados.

La reconversión política que necesita El Salvador debe partir de un replanteamiento ético. A los políticos suele desagradarles que se les diga que faltan a la ética. Y ciertamente hay algunos honestos, quizás en todos los partidos. Pero el sistema que rige la vida política salvadoreña es profundamente deshonesto. El hecho de que se le quiera negar información sobre empleados de la Asamblea a un diputado, y que incluso se le amenace advirtiéndole que no comparta la información recibida, muestra un estilo caciquil, poco democrático y ciertamente oscuro. Es en esa oscuridad en la que nace y se desarrolla la corrupción. La transparencia es un primer paso para la ética. Insistir en temas de intimidad cuando de salarios públicos se trata es, en cierto modo, defender la corrupción, la mentira y formas de autoritarismo que niegan la democracia. La Asamblea, precisamente por ser elegida por la ciudadanía y porque los diputados se califican a sí mismos como servidores públicos, no debe ocultar nada de su funcionamiento material. Puede, por supuesto, reservar información sobre algunas discusiones cuando la seguridad nacional esté en juego o cuando cierto tipo de propuestas arrojen datos que puedan implicar ventajas para determinados grupos de poder económico o social. Pero salarios, inversiones y gastos son por naturaleza totalmente públicos en una institución financiada por la ciudadanía.

La reconversión política implica evaluación. Generalmente, instituciones como la Asamblea Legislativa hablan muy bien de sí mismas. Y ese es precisamente un primer elemento de generación de desconfianza. Hoy en día es prácticamente imposible alcanzar claridad sobre una cuestión tan simple como el número de diputados que necesita El Salvador. Honduras, con una población relativamente parecida a la nuestra, tiene 128 diputados; Nicaragua, 92; nosotros, 83. A pesar de que ese número nos favorece en el campo del ahorro, queda siempre la duda de si no sería suficiente con 60 diputados. Los resultados que se pueden observar no hablan bien del conjunto, incluidos diputados y asesores. Como tampoco se ve una especial brillantez en los debates. Si además hay dudas de la eficiencia de los empleados, contratados muchos de ellos más por cercanía ideológica o familiar que por capacidad, preparación y eficiencia, quedamos siempre en la incógnita de lo que realmente necesitamos. Tener muchos asesores, gastar en ellos un buen capital público para después decir simplezas en los debates resulta siempre sospechoso. Por supuesto que en una democracia es imprescindible la constitución de un poder legislativo. Pero la composición del mismo, el acceso a puestos de contratación, la distribución del trabajo, la relación entre contratados partidarios y contratados institucionales deben examinarse y evaluarse sistemáticamente. Alguien contratado como asesor legal de la Asamblea (no del partido equis) no tiene por qué tener sesgo partidario. Es más importante la calificación profesional. Pero la tendencia es contratar, incluso para puestos técnicos, amigos e incondicionales en los que la ideología predomina sobre la capacidad técnica. Así marchan las cosas y así se desespera el ciudadano, que con frecuencia pierde la confianza y el interés en la democracia.

Ante estas consideraciones, nos podemos preguntar quién o quiénes pueden impulsar la reconversión política de El Salvador si esta debe ser hecha desde los partidos. La respuesta no es fácil ni pueden darse soluciones inmediatas. Pero es evidente que en la medida en que la sociedad civil crezca en libertad, conocimiento e independencia, será más fácil forzar a los partidos políticos a reflexionar, mirar hacia adentro y reconvertirse a la eficiencia y el servicio más eficaz a la democracia. La sociedad civil debe ser implacable con los errores de los políticos, porque solo desde la presión los propios partidos harán reformas internas. Y estos son clave para lograr una democracia estable, verdaderamente justa y con responsabilidad social. En ese sentido, los partidos no deberían ver la crítica como amenaza, sino como estímulo para construir una democracia verdaderamente social, moderna y funcional para promover el desarrollo de El Salvador en paz y justicia.