La transparencia: ¿enemiga o aliada del poder?

“Me quieren vender la noche por luz, la calma por la tempestad… Me quieren vender la piedra por flor, la niebla por la claridad”, extracto de la canción La verdad, de Nito Mestre.

Es legítimo que un gobierno utilice recursos para la comunicación mediática o publicitaria de las obras que realiza. Lo que no es legítimo es ocultar la verdad con publicidad engañosa, donde lejos de comunicar con transparencia el manejo de fondos públicos o de una pandemia, se quiera vender lo contrario a la realidad.

Jamás para un buen gobierno la transparencia será enemiga. Al contrario, es la mejor aliada para la fiscalización de las instituciones y de la ciudadanía en cumplimiento con el derecho a la verdad. No hay mejor campaña publicitaria para el poder público que la capacidad de mostrar a la opinión pública sus criterios de decisión, si de verdad se hacen en favor de los intereses de las mayorías, porque quien nada debe, nada teme.

El Ejecutivo actual no es muy amigo de la transparencia, por tanto, tampoco de la verdad. Investigaciones periodísticas de distintos medios han puesto en duda la imagen de un gobierno que “no roba”, que tiene a la cabeza a las mejores personas para tomar las decisiones o que se busca el bienestar del pueblo, sin que pesen intereses particulares en detrimento de la legalidad o el bien común. Durante la pandemia de covid-19, especialmente cuando la Asamblea Legislativa aprobó la cuarentena amparada en una Ley de Emergencia, funcionarios del gabinete hicieron compras cuestionables, tanto por el precio como por el proveedor. En estas irregularidades, incluso se ha visto envuelto un diputado aliado del presidente Bukele. A eso se suma que el manejo de las cifras de contagios por el virus está en manos de asesores oscuros, el colapso de la red hospitalaria, discurso de odio con miras en las elecciones de 2021, etc.

En la narrativa de la publicidad gubernamental cualquier falla es por culpa de la Asamblea Legislativa, de los partidos de oposición, de la Sala de lo Constitucional o de cualquier otro actor que se considere crítico a la actual gestión del Ejecutivo. Ha sido casi nula la actitud de asumir errores, que incluso rayan en delitos, o de aceptar incapacidad para manejar la crisis por la pandemia. Así las cosas, la transparencia se ha vuelto una enemiga más para el gobierno central. ¿Qué tanto impacto en la opinión pública ha tenido esta falta de transparencia maquillada con publicidad gubernamental más emotiva que informativa?

El Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA (Iudop) presentó hace unas semanas los resultados de la encuesta que realizó entre el 6 y 13 de junio de 2020. En el sondeo, una de las preguntas fue la siguiente: ¿qué tan transparente cree usted que es el gobierno de Nayib Bukele? Cerca de un 30 % de las opiniones mencionaron que es poco o nada transparente. Para un gobierno que hace alarde de tener el 97 % de apoyo popular estas cifras deberían ser inquietantes. En comparación con los datos de la encuesta realizada por el Iudop en agosto-septiembre de 2019, el porcentaje de “nada transparente” fue de 3.6 %. En la encuesta más reciente este porcentaje subió a 16.1 %, lo cual indica que, por más publicidad, está creciendo la percepción del manejo poco transparente que ha caracterizado al gobierno de Nayib Bukele.

Estas cifras podrían aumentar si la Fiscalía General de la República (FGR) o la Corte de Cuentas toman en serio los hallazgos periodísticos que se han hecho sobre casos de corrupción o nepotismo. Las condenas legales o la absolución, la verdad jurídica, tiene un desafío actual impostergable frente a la opinión ciudadana, independientemente de las preferencias electorales que tenga.

* Carlos Hernández, docente del Departamento de Filosofía. Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 9.