¿Puede ser la Fuerza Armada garante del Estado constitucional de derecho?

El sábado 23 de enero, el equipo AdHoc que estudia las propuestas de reformas a la Constitución de la República de El Salvador citó a representantes de la Fuerza Armada, con el objetivo de escuchar sus planteamientos. El Ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, propuso, entre otras, definir el rol de la Fuerza Armada como actor político. Por su parte, el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, puso sobre la mesa el tema de la reactivación del servicio militar obligatorio.

En nuestro país, y en la mayoría de países de América Latina, el tema de las Fuerzas Armadas es muy polémico, ya que desde el siglo XIX y XX, estas han estado involucradas en graves violaciones a los derechos humanos. Además, durante la pandemia de covid-19, en varios países, incluido El Salvador, ejercieron funciones contrarias al Estado de Derecho y violatorias de los derechos humanos.?Durante el siglo XX, las dictaduras militares se vieron fortalecidas con la Doctrina de la Seguridad Nacional, impulsada por los Estados Unidos. Esta doctrina se caracterizaba por financiar, asesorar y proporcionar armamento a las dictaduras militares, con el fin de alinear a los países a los intereses de Estados Unidos y evitar que las fuerzas políticas de izquierda o los movimientos sociales ascendieran al poder.

Esta doctrina, además, fomentó el terrorismo de Estado, ya que el personal y los recursos del Estado eran empleados para cometer graves violaciones a los derechos humanos como tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, persecución, secuestros, asesinatos, etc. Una de las instituciones que fueron creadas para tales fines fue la “Escuela de las Américas” (SOA). En este sentido, el investigador Rafael Romero, en la Revista ECA, volumen 69, número 739, manifiesta:

La educación impartida en la SOA no sólo fue militar, sino que ideológica. Sus graduados muy pronto aprendieron que, si la pobreza genera estallidos sociales, para acabar con ambos, había que eliminar primero a los pobres. Las FF.AA. de El Salvador tienen el “mérito” de que más de seis mil de sus miembros profesionalizaron sus mentalidad y conducta criminal en la SOA. Dicha escuela internacional graduó una cantidad mayoritaria de militares y, en menor grado, de policías, pero ambos involucrados en sistemáticas violaciones a los derechos humanos en ese país, particularmente durante el período de 1980 a 1992 (Romero, 2014, volumen 69, número 739, págs. 301-305).

El politólogo español, Manuel Alcántara, manifiesta que durante casi todo el siglo XX, en El Salvador, predominó el régimen pretoriano, es decir, la hegemonía de los militares en la conducción política del país:

El ambiente que entonces vivía la región, influenciada por la revolución cubana, propició una vuelta de los sectores más reaccionarios del ejército, los cuales, a instancias de la oligarquía, volvieron a tomar el poder en 1962. Se daba paso a una época, que se extendió hasta 1979, de democracia pretoriana, en la que la alianza entre militares y la oligarquía confeccionó el Partido de Conciliación Nacional (PNC) para dominar fraudulentamente las elecciones convocadas con el fin de intentar legitimar un régimen cuyo principal activo era su feroz anticomunismo (Alcántara, 2015, pág. 134).

En este sentido, se puede decir que en El Salvador, la Fuerza Armada ha impuesto por mucho tiempo una cultura política militar caracterizada por graves violaciones a los derechos humanos y por defender los intereses de los sectores con mayor poder económico del país. Este criminal precedente que ha jugado la institución castrense es un motivo suficiente para cuestionar y oponerse a que continúen siendo actores políticos, más bien, el debate debería centrarse en la posibilidad de que esta institución desaparezca y los recursos que se le destinan sirvan ahora para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de los sectores de la población que se encuentran en condición de vulnerabilidad.

* Lucio Reyes, máster en Derechos Humanos. Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 31.